El Gobierno celebra hoy la ‘macrosubasta’ de adjudicación de nuevas instalaciones renovables anunciada a bombo y platillo por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, poco después de asumir su cargo. Pese a que la expectación es máxima, pues se trata de la primera puja en cinco años a la que se podrán presentar todas las tecnologías, el proceso estará marcado por las críticas del sector, que se queja de la “complejidad”, “improvisación” y “discriminación” tecnológica de la convocatoria.
Asociaciones patronales y ecológicas afirman que, aunque el Ministerio de Energía vende la subasta como “tecnológicamente neutra”, realmente favorece a la eólica, sector con más presencia de las grandes eléctricas, frente a la fotovoltaica. Para la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) no diferenciar entre tecnologías en la puja es “un error”, pues impide aprovechar todos los recursos naturales que dispone el país, comentaba hace unos meses el director general de la patronal, José María González Moya, a ElBoletín.com.
Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el real decreto de la convocatoria de la subasta en el que pedía la suspensión de forma cautelar y urgente del procedimiento al entender que discriminaba “injustificadamente” a la energía solar. El Alto Tribunal decidió, sin embargo, rechazar las medidas cautelares solicitadas.
La cooperativa de consumo y producción de energías renovables Som Energia también se ha sumado a las críticas contra la puja por no ofrecer igualdad de condiciones. Anunció ayer en comunicado su decisión de “no seguir el juego al Gobierno y no presentarse” a la puja “a pesar de tener sobre la mesa unos 5 MW en proyectos fotovoltaicos que podrían estar funcionando a finales de 2017”.
Además de la discriminación a la fotovoltaica, la cooperativa alega que, tal y como está planteada, la subasta favorece a los proyectos más grandes, capitaneados por grandes compañías, frente a los pequeños, pues las ofertas con más megavatios tendrán prioridad.
La ‘macrosubasta’ pondrá este miércoles en juego 2.000 megavatios (MW), ampliables a otros 1.000 MW adicionales, si el resultado “ofrece precios competitivos”. Resultarán adjudicados aquellos proyectos que supongan un menor coste para el consumidor y el proceso se realizará mediante el método de sobre cerrado con sistema marginal, es decir, se atenderán las ofertas que presenten la mayor reducción en la inversión inicial respecto a los parámetros fijados como referencia en cada tipo de instalación.
Som Energía prevé que con este mecanismo, que ya se usó en la subasta de biomasa realizada el año pasado, “el resultado sea que la retribución a la inversión sea nula o muy poco atractiva”. “No se entiende que se mantenga este sistema cuando ya se ha comprobado que no funciona y no asegura que los participantes ofrezcan un precio razonable en vez de hacer ofertas a la baja buscando entrar a toda costa en el proceso de casación”, añade la cooperativa.
Sobre el mecanismo, APPA ha criticado ya en varios ocasiones que es muy complejo, al no basarse en el precio del kilovatio hora que se introduce en la red, como en la mayoría de países, sino en descuentos a la inversión y otros factores. La patronal estima que esta complejidad es fruto de la “improvisación” que siempre ha mostrado el Gobierno en materia energética y que perpetuará la “inseguridad jurídica” que vive el sector de las renovables.
