Central nuclear
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza el decreto que plantea el Gobierno para impedir el cierre de centrales eléctricas más contaminantes. Según el informe hecho público este miércoles, la CNMC considera que ese decreto es contrario a la normativa UE y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones.
A través del decreto, el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal pretende introducir nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc).
Sin embargo, a tenor del informe de la CNMC, ese proceso iniciado por el Gobierno confiere un excesivo margen de discrecionalidad que puede resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico.
El informe se refiere a que el Real Decreto añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.
En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, la CNMC observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.
La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.
En este sentido, la Comisión considera que el exceso de capacidad debería analizarse sin precipitación y teniendo en cuenta que los consumidores españoles, desde la liberación del sector eléctrico, han sufragado importantes pagos por la disponibilidad de centrales y otros conceptos.
La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.
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