La necesidad de una Ley de Vivienda en la Comunidad es algo en lo que coincide la izquierda. Ángel Gabilondo, Pablo Iglesias y Mónica García se presentan con esta propuesta en su oferta a los votantes. La construcción de más viviendas públicas, deducciones en IRPF o combatir la ‘okupación’ son otras de las promesas que se detallan en los programas.
PSOE: Ley de Vivienda y del Suelo
“La vivienda no puede ser un privilegio para unos pocos, debemos cambiar la política de acceso a la vivienda para garantizar el acceso a ella como derecho constitucional”. Así lo defiende la candidatura de Ángel Gabilondo, que se compromete a “blindar las viviendas públicas para que ningún fondo buitre pueda adquirir viviendas sociales”. Además, afirma en su programa que iniciará la construcción de nuevas viviendas públicas. En concreto, su propuesta pasa por levantar en los próximos dos años más de 15.000 de ellas para alquiler “asequible y social”.
Junto a esto, una de las principales propuestas del PSOE es la aprobación de una Ley de Vivienda de la Comunidad. ¿Su objetivo? “Regular la garantía de los ciudadanos para acceder a una vivienda digna y adecuada” y “proporcionar alternativas habitacionales” para colectivos vulnerables.
Para que los jóvenes madrileños puedan acceder a su primera vivienda los socialistas plantean “programas de ayuda destinados a la compra, rehabilitación y fomento del alquiler con el objetivo de fomentar su emancipación”. En este asunto, estudiarán “nuevas fórmulas enfocadas a los jóvenes como el alquiler acumulado”.
Un Plan de Rehabilitación de Viviendas para 521.000 inmuebles en la región o la necesidad de “abrir un amplio debate” para aprobar una nueva Ley del Suelo integral, “que incorpore aspectos de ordenación territorial, planificación, urbanismo y medio ambiente”, son otras de sus propuestas.
PP: deducciones en IRPF
La oferta del Partido Popular a los votantes contempla la creación del Plan ‘Vive Madrid’, que promueve la construcción de hasta 25.000 viviendas en suelo público. Todo, señala, “sin coste para la Comunidad, con el objetivo de conseguir precios más bajos de alquiler, mediante concesiones en colaboración público-privada”.
Además, anuncia que ampliarán las deducciones por alquiler. De esta manera, expone, los jóvenes que vivan de alquiler “podrán deducirse en el IRPF hasta un máximo de 1.200 euros, un 20% más del límite actual”. Esta deducción por arrendamiento de la vivienda habitual “se mantendrá para los menores de 40 años cuando presenten obligaciones familiares o se encuentren en situación de desempleo”, afirma la formación.
Para ayudar a este colectivo a “emanciparse y emprender su vida”, los de Isabel Díaz Ayuso prometen que los menores de 30 años se podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25% de los intereses de la hipoteca para adquirir su vivienda habitual, hasta un máximo de 1.000 euros anuales.
En cuanto a “las familias”, aquellas “que se vean incrementadas por nacimiento o adopción y, como consecuencia de ello, decidan comprar una nueva vivienda para convertirla en su residencia habitual, podrán deducir el 10% del precio de adquisición, prorrateado en 10 años, de la cuota íntegra del IRPF, con un límite anual de 700 euros”.
El PP también se fija en los arrendadores, a los que ofrece también deducciones. En este caso, del 10% del importe de determinados gastos asociados al alquiler, como el seguro de hogar o la obtención del certificado de eficiencia energética.
“Ampliaremos el parque de Vivienda Protegida de Emergencia Social, con unas 1.500 viviendas adicionales, tanto para atender a la especial necesidad, como a la emergencia social”, detallan los populares. “Sin olvidar”, apuntan, las últimas operaciones de realojo (Cañada Real y el Poblado de las Sabinas), así como la regeneración urbana (Barrio de Fuencarral)”.
Más Madrid: Observatorio de la Vivienda
“Durante demasiados años, la especulación urbanística, la corrupción, y los intereses de una minoría se han impuesto en los poderes públicos de la Comunidad”. Esto es lo que denuncia el partido encabezado por Mónica García, que acusa al Gobierno regional de “dejación en sus obligaciones constitucionales”. El resultado, asegura, es que Madrid está “a la cola de Europa en vivienda social y asequible y a la cabeza en esfuerzo inquilino para pagar el alquiler”.
Dicho esto, la formación pone sobre la mesa un plan de rehabilitación viviendas (40.000 al año) y la regulación de los pisos turísticos por tipo de vivienda y por duración de la estancia, como pasa en otras ciudades. Asimismo, propone incrementar gradualmente el presupuesto regional destinado a vivienda para llegar al 4%, unos 800 millones de euros anuales.
“Madrid necesita aumentar la oferta de vivienda en alquiler sin fines especulativos para una creciente parte de la población que tiene un difícil acceso”. Así, Más Madrid quiere elevar el peso que tiene la vivienda pública en la región, “que actualmente no supera el 1,8% del total”.
Al igual que el PSOE, esta formación plantea una Ley de Vivienda con la que aumentar el parque de vivienda asequible y facilitar el acceso a la misma. Con esta norma, defiende, se podrá “aflorar la vivienda vacía, aplicar el tanteo y retracto de inmuebles para evitar que caigan en manos de fondos o que se ejecuten desahucios”.
La creación del Observatorio de la Vivienda es otro de sus compromisos, ya que “Madrid es la ciudad que acumula más desahucios por alquiler de toda España en los últimos cuatro años”. “Necesitamos un Observatorio de la Vivienda, con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita elaborar planes y políticas de vivienda acordes con las necesidades de la ciudadanía”. Este observatorio, recoge el programa, elaborará un censo de viviendas vacías, entre otras cosas.
A esto hay que sumar que las promociones de nueva vivienda tendrán que destinar el 30% de los pisos construidos en zonas urbanas a vivienda en alquiler social y asequible o la prohibición de vender vivienda pública protegida a fondos privados.
Unidas Podemos: limitar el precio de los alquileres
Los morados también cargan contra los “sucesivos” gobiernos del PP y su “continua dejación de funciones y un nulo impulso a políticas públicas” para garantizar el derecho a la vivienda. “Como resultado”, destacan, en la región “hay más de diez desahucios diarios, 250.000 viviendas vacías y estamos inmersos en otro ciclo de burbuja del alquiler que ha supuesto subidas abusivas en los precios en los últimos cinco años”.
Ante esto, defienden “garantizar que la juventud pueda permanecer en los municipios y barrios donde tiene su vida social y familiar, sin verse expulsados a zonas cada vez más alejadas u obligados a compartir piso hasta los 40 años”.
Para ello, proponen dotar a la Comunidad de una ley “que recoja las garantías del derecho a la vivienda, así como los instrumentos para su promoción e implementación”. Una norma a imagen y semejanza de la Iniciativa Legislativa Popular presentada la legislatura 2015-2019, pero “actualizándola en aquellos aspectos que sea necesario”. En particular, “incluyendo la limitación de los precios del alquiler y el derecho de tanteo y retracto para la Comunidad de Madrid respecto de las transmisiones de viviendas de protección oficial” o “las ventas en bloque de edificios de más de 10 viviendas”.
Para garantizar un alquiler “asequible” Unidas Podemos aboga por “completar las ayudas al alquiler del Plan Estatal hasta alcanzar los 30.000 beneficiarios reales anuales”, elaborar un índice público de precios de referencia, promover las cooperativas o eximir el alquiler del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Respecto a la regulación de los alquileres, el programa recoge que será limitando los precios en base a los salarios medios de cada zona urbana, “con el objetivo de que ningún inquilino destine más del 30% de su salario a pagar el arrendamiento”.
Sobre vivienda pública, quiere terminar la legislatura con un parque público autonómico de 40.000 viviendas sociales en alquiler. También “blindar” la vivienda con cualquier tipo de protección pública y revertir todas las ventas de patrimonio del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a fondos buitre y, en particular, ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid, que anula la venta de las 2.935 viviendas a Encasa Cibeles.
Asimismo, defiende fijar un impuesto a la vivienda vacía (“cuyo uso no haya sido cedido para alquiler social”) de tenedores de más de 10 inmuebles, sean éstos personas físicas o jurídicas. Además, la cesión “obligatoria” del uso de la vivienda vacía de grandes propietarios (más de 10 inmuebles), tales como bancos, fondos de inversión y SOCIMIS, para destinarla a alquiler social forzoso.
En cuanto a los desahucios, habla de prohibir cualquier desalojo forzoso sin alternativa habitacional de vivienda con cualquier tipo de protección pública. Junto a esto, aboga también por un Observatorio Madrileño de la Vivienda.
Ciudadanos: programa de cesión de viviendas
Los naranjas, por su parte, plantean un programa de cesión de viviendas para particulares que serán puestas en alquiler. Las casas, explican, se cederán al Organismo Autónomo de la Agencia de Vivienda Social “a cambio de un canon fijo y seguro”, determinado por la Comunidad, “quedando la administración a cargo de la gestión del alquiler”.
Además, quien impulsar un Plan Director de Vivienda que “priorice el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler a los jóvenes y a familias con menos ingresos” y una Ley de “lucha contra la okupación ilegal de viviendas”. A esto hay que añadir la construcción de nuevas viviendas, dando uso a los “excedentes de suelos dotacionales mediante la flexibilización de usos”, y un Plan de Regeneración y Rehabilitación Urbana en toda la región.
Vox: liberalizar todo el suelo
El partido de Santiago Abascal ha presentado un decálogo de medidas bajo el lema ‘Protege Madrid’. En él, Vox da cuenta de las principales medidas para el 4M. Entre ellas, “garantizar el acceso a la vivienda”. Y lo quiere hacer mediante la liberalización de todo el suelo “que no esté especialmente protegido”. En su opinión, “su regulación provoca una escasez artificial que eleva los precios y ha sido el principal foco de corrupción política”.
Asimismo, se compromete con la construcción de viviendas sociales para “garantizar que los jóvenes y familias puedan tener un hogar”.
