La Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) de Madrid ha calculado que el Plan Económico y Financiero (PEF) que ha aprobado el Ayuntamiento de la capital y que ha costado el cargo a Carlos Sánchez Mato también saldrá caro en lo que a vivienda para personas vulnerables se refiere.
Calculan que se producirán recortes de hasta 100,4 millones de euros en subvenciones a familias, asociaciones y programas de vivienda y que las nuevas cuentas del Ayuntamiento afectarán “directamente” a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
Según la plataforma, esta empresa pública quedará con 22,7 millones menos disponibles para las transferencias para el pago de servicios y otro recorte de 22,8 millones en construcción de vivienda pública.
“Este nuevo recorte limita mucho más las posibilidades para acceder a una vivienda pública a las familias más vulnerables y con necesidades acuciantes, como todas aquellas inmersas en un proceso de desahucio”, critica la PAVPS.
Lamenta que estos duros ajustes en un Plan de Vivienda que de por sí era insuficiente para las miles de familias en situación de vulnerabilidad en Madrid se suman a la venta de los 1.860 pisos públicos que el consistorio de Ana Botella vendió a fondos de inversión.
“A pesar del dictamen de la ONU que insta a evitar desahucios de familias vulnerables en invierno, el dictamen DESC y la Convención de los Derechos del niño de 1989, en el ‘Madrid sin desahucios’ de Manuela Carmena, se siguen ejecutando desahucios a diario”, denuncian.
Además, critican que las alternativas que ofrecen los Servicios Sociales a las familias tras estos procesos “son albergues o la desestructuración de las mismas separando a sus miembros en distintos espacios. Alternativas que, a nuestro parecer, son inaceptables cuando con una buena gestión de las viviendas se podrían evitar estas situaciones violentas, sobre todo para los más pequeños”.
El colectivo cree que “la aceptación de estos recortes por parte de Ahora Madrid supone sucumbir a las políticas antisociales y neoliberales impulsadas desde el Gobierno central del PP, primando el interés del pago de la deuda a bancos por encima de las necesidades básicas de las familias”.
Admiten mantener reuniones periódicas con la delegada de Equidad y Derechos Sociales, la número dos de Carmena, Marta Higueras, y su equipo, “para valorar el estado de la vivienda en Madrid”. Pero más allá de ser escuchado el colectivo exige al gobierno municipal “la expropiación de la vivienda vacía de los bancos que han sido rescatados con el dinero público, el de todas, y que se agilice la investigación de la venta de vivienda pública llevada por el Gobierno de Ahora Madrid y poder así reintegrar los 18 edificios al parque de vivienda pública”.
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