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La Educación en Cataluña vuelve a ser un arma arrojadiza entre el Govern de la Generalitat y los partidos denominados como ‘constitucionalistas’. Particularmente el PP y Ciudadanos insisten en la necesidad de intervenir sobre el modelo educativo catalán que, según ellos, promueve el “adoctrinamiento del odio nacionalista”.
La formación liderada por Albert Rivera se ha convertido en el adalid contra el Govern de Carles Puigdemont y en “defensa de los derechos lingüísticos” de todos los alumnos del sistema público de Educación catalán. Al menos eso es lo que desprende la moción que presenta este martes en el Congreso de los Diputados.
Ciudadanos insta a la Alta Inspección – órgano subordinado al Gobierno de Mariano Rajoy – que realice inspecciones en los centros educativos catalanes y elabore informes sobre las decisiones de la Administración educativa en relación con los contenidos curriculares básicos y con la garantía de los derechos e igualdad de los alumnos. Sobre todo, recoge Europa Press, en materia de derechos lingüísticos.
La propuesta de Ciudadanos casa con el punto de vista que tiene el PP catalán, que pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones, promover cambios en los Mossos d’Esquadra y en el sistema educativo de la Generalitat.
La utilización de la Educación pública como instrumento político ya ha sido empleado en varias ocasiones durante los últimos años. El ejemplo más paradigmático fue cuando un alcalde del propio PP aseguró a Jordi Évole que en los colegios catalanes prohibían a los alumnos hablar en castellano. Una afirmación que quedó en entredicho unos segundos después.
https://twitter.com/jordievole/status/919654469897478145?ref_src=twsrc%5Etfw
Ciudadanos considera que se ha empleado la educación para adoctrinar. Particularmente a través de asignaturas como historia o geografía «llevan años alimentando entre los alumnos el sentimiento de odio» adaptando las enseñanzas «al servicio de sus objetivos políticos secesionistas», afirma la moción.
El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró la semana pasada que su función desde el Gobierno es «limitada» ya que las competencias educativas están transferidas a las Comunidades Autónomas.
No obstante, el propio Méndez de Vigo confesó que su Ministerio había enviado a la Generalitat un requerimiento en el que alertaba del presunto acoso escolar que estaban recibiendo los alumnos que no participan en actos a favor de la independencia.
La Generalitat advierte que denunciará las acusaciones infundadas
La Consejería de Enseñanza de la Generalitat advierte a los autodenominados partidos ‘constitucionalistas’ y al Gobierno que responderá con acciones judiciales “los ataques basados en falsedades y acusaciones infundadas a la escuela catalana”.
En ese sentido, la Consejería comandada por Clara Ponsatí ha pedido a sus servicios jurídicos que emprendan las acciones judiciales necesarias contra los autores de «ataques a los alumnos, docentes y al conjunto de la escuela catalana».
Ponsatí considera que atacar la profesionalidad de los docentes es «injuriarlos e intentar atemorizarlos para que ejerzan la autocensura», en declaraciones recogidas por Europa Press.
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