“La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase […] incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve a doce años”.
Son las penas que el Código Penal contempla para el delito de cohecho, uno de los dos cargos por los que un juzgado madrileño investiga a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de la presunta falsificación de su máster en la URJC.
Un grado menor de este mismo delito, en la que el cargo público no realice “un acto contrario a los deberes inherentes” de su cargo con ese «faor», sigue penado con entre dos y cuatro años de cárcel según el artículo 419 del Código Penal.
Más allá de la amenaza de cárcel, Cifuentes puede verse muy afectada por las penas de inhabilitación en empleo público, ya que la expresidenta ya se ha reintegrado en el Cuerpo de Técnicos Superiores, en su plaza de la Universidad Complutense.
Son penas muy similares a las que se fijan para la otra acusación sobre la expresidenta: la falsificación de documento público. “Penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad”.
La norma fija que ese delito se comete “alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial”, “simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”, “suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido” o “faltando a la verdad en la narración de los hechos”.
