El presidente de China, Xi Jinping, en un acto en Berlín
China ha urgido este lunes a Estados Unidos a que reconsidere su «equivocada decisión» de sancionar a una organización de Xinjiang y dos personas vinculadas a la misma, al tiempo que ha prometido «luchar decididamente» si Washington persiste.
El Ejecutivo estadounidense impuso nuevas sanciones al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (CPCX), que describió como «una organización paramilitar» subordinada al Partido Comunista de China (PCCh) y a dos personas relacionadas con él por su supuesta relación con abusos cometidos contra los uigures y miembros de otras minorías musulmanas en la región.
«La acción de Estados Unidos es una grave interferencia en los asuntos internos de China y una grave violación de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin, que ha remarcado que Pekín se opone «firmemente» a esta decisión y la condena «enérgicamente».
Según Wang, los asuntos relacionados con la región de Xinjiang no están relacionados con los Derechos Humanos, la etnia o la religión, sino que son asuntos de antiterrorismo. «Los asuntos de Xinjiang son puramente asuntos internos de China. Estados Unidos no tiene ningún derecho ni motivo para interferir», ha destacado.
Asimismo, ha defendido que la acusación de «vigilancia» de las minorías étnicas de Xinjiang vertida por Washington «no es más que un rumor» y ha afirmado que no tiene ninguna base. «Es una práctica internacional común utilizar productos científicos y tecnológicos modernos y grandes datos para mejorar el gobierno social, y Estados Unidos no es una excepción», ha detallado.
El anuncio de Washington llegó diez días después de que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos añadiera a once empresas chinas en su lista de sancionados por su «implicación» en abusos contra la minoría musulmana uigur en Xinjiang.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya promulgó una ley que permite a Washington tomar medidas e imponer sanciones a Pekín por la situación de los Derechos Humanos de los uigures en el país asiático. El Gobierno chino ha impuesto sanciones a varios altos cargos estadounidenses en respuesta.
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