CCOO tacha de “medida paliativa” el bono para menores de 35 años y apuesta por limitar los alquileres

«Esta medida no soluciona el problema estructural de ausencia de mercado regulado, ni la inexistencia de un parque público de vivienda suficiente que proteja este derecho. Es una ayuda limitada en el tiempo, que no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven», han lamentado desde el sindicato.

Así, señala que las ayudas al alquiler, como las bonificaciones fiscales, a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda lo más factible esto desemboque en un incremento de los precios, ya que los arrendadores son conscientes de la mayor capacidad de pago de la demanda».

Para Comisiones Obreras, por regla general, este tipo de ayudas «terminan siendo regresivas» y destaca que el potencial inflacionista de esta ayuda hará que los alquileres disponibles se concentren en el máximo permitido para percibir la ayuda.

«El alquiler máximo está limitado a 600 euros (900 si así lo acuerdan las CCAA), lo que hará que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, cuando no los superen, exigiendo un sobreprecio no declarado», denuncian desde CC.OO., que también incide en que las ayudas son temporales, pero la presión alcista será estructural y difícil de neutralizar.

Asimismo, lamenta que el bono alquiler joven está dotado con 200 millones para 2022, lo que supone que se puede atender a 66.666 ayudas de 250 euros mensuales al año. Esta cifra, según el sindicato, «apenas cubre una parte pequeña de la población joven que reside de alquiler».

«Si tenemos en cuenta que en 2019 había 3.447.000 personas jóvenes emancipadas fuera de su núcleo familiar, vemos con claridad el limitado alcance de la medida (2% de la población joven emancipada)», han destacado desde CCOO, quienes apuntan que el 52% de los hogares encabezados por una persona de 16 a 29 años y el 32% de los hogares encabezados por una persona de 30 a 44 años residía de alquiler.

Por otra parte, apunta que la efectividad de las medidas aprobadas «está condicionada a la existencia de otras que favorezcan el control y transparencia de los contratos de alquiler y que minimicen los riesgos de elevación de precios».

Por ello, han pedido incluir medidas como la obligatoriedad de inscribir los contratos de alquiler de vivienda en un registro público donde queden reflejadas las condiciones contractuales o la concesión de estos bonos de ayuda a inquilinos y propietarios que alquilen las viviendas mediante bolsas públicas de alquiler (u otros mecanismos similares) que «mitigan la discrecionalidad, aumentan la transparencia y reducen las posibilidades de sobreprecios en los alquileres».

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