El sindicato ha realizado un análisis del Informe de Estabilidad Financiera de otoño publicado esta semana por el Banco de España en el que se recoge que la banca ha tramitado 42.800 solicitudes de recurso al Código de Buenas Prácticas –firmado por el propio sector e impulsado por el Gobierno–, lo que representa el 0,4% del total de hipotecas vivas.
De ese número de peticiones, las entidades financieras han denegado ya un 40%, y tan sólo habrían aprobado un 10%, quedando otro 50% pendiente de revisión. «Es decir, sobre las resoluciones de demandas ya resueltas, sólo se ha resuelto favorablemente una de cada cinco». Además, el 90% de las rechazadas lo ha sido por no cumplir con algunos de los requisitos.
«Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos del Gobierno central con la aprobación del RD-ley 19/2022, estimados en beneficiar a un millón de hipotecados, o del propio Banco de España que los estimaba en 200.000 posibles beneficiarios», señala CCOO, antes de recordar que ya trasladó su «escepticismo» sobre la eficacia de las medidas por ser «insuficientes y poco ambiciosas».
Así, critica que las medidas «consistían principalmente en una ampliación del protocolo voluntario» del Código de Buenas Prácticas de 2012, con ampliaciones de plazos en las reestructuraciones de las hipotecas, congelación de cuotas, reducción de tipos de interés más bajos en periodos de carencia y ampliación hasta hogares con rentas inferiores a 3,5 veces el IPREM (29.500 euros), «aunque también con múltiples requisitos para su cumplimiento, lo que obstaculizaba la adhesión de los hogares, así como la voluntariedad de las entidades bancarias en su aplicación».
CCOO reconoce, como así lo hace el Banco de España en su informe, que el número de hipotecados adheridos al código es «muy superior» al número del primer código de 2012, y también que el tiempo para medir el impacto es «poco». Sin embargo, CCOO no cree que esto sea «motivo suficiente» para considerar «satisfactoria» la aplicación de las medidas.
Además, señala que la subida de tipos «está limitando» la concesión de créditos hipotecarios por parte de las entidades financieras, puesto que se ha contraído un 22,8% en términos interanuales, dificultando «aún más» el acceso a la vivienda «en un momento en que los bancos cotizados rozan los 20.000 millones de beneficios hasta septiembre, un 23,6% más».
«Reafirmamos la insuficiencia y poca ambición del Código de Buenas Prácticas. Los resultados muestran que no ha funcionado y no ha resuelto la situación de ahogo económico de los hogares en este escenario de subida de tipos y de la inflación», insiste.
Por ello, con la vista puesta en la posible formación de un nuevo Gobierno, pide «más derechos, más regulación y mayor competencia bancaria» para garantizar tipos de interés hipotecarios fijos «razonables», así como implementar inmediatamente medidas que mitiguen el efecto de la subida de tipos, incluyendo el facilitar y garantizar la novación o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo y, si fuera necesario, alargar el periodo de amortización con el objeto de que las cuotas hipotecarias no representen más del 30% de los ingresos del hogar.
También pide reformar el código para ampliar los hogares cubiertos hasta aquellos que ingresen 4,5 veces el IPREM (37.800 euros), la reducción de requisitos de acceso y que los tipos de interés fijos sean la referencia «habitual» de las hipotecas vinculado al precio de la deuda pública en España a largo plazo, «similar al tipo máximo ‘de usura’ para préstamos hipotecarios a tipo fijo vigente en Francia, que tiene un efecto relevante limitador del incremento de tipos de interés hipotecarios», concluye.
