Nadia Calviño, ministra de Economía.
“Queremos tener un acuerdo a finales de este año”, ha explicado Calviño en una comparecencia respecto a la reforma laboral. Según ha apuntado, se trata de una reforma “muy urgente” porque queremos que el proceso de creación de empleo se haga con el nuevo marco”, con el objetivo de que sea un “empleo de calidad”, con “mayores salarios” y no arrastre las patologías que han lastrado al mercado de trabajo “desde hace décadas”.
La ministra ha prometido “reformas de calado”, incluyendo la “simplificación de los contratos laborales”, o una mayor seguridad de los trabajos a partir de la experiencia de los ERTE, si bien no ha querido entrar en demasiados detalles ya que buena parte de la responsabilidad caerá sobre el acuerdo con empresarios y sindicatos. Calviño ha destacado así su “compromiso con el diálogo social” con el objetivo de tener un “margen de maniobra para afrontar ese proceso, que nos ha dado un resultado muy positivo en las medidas contra la pandemia”.
En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, el objetivo es tener listo un primer paquete este mismo año para que pueda ser completado el próximo. Esta reforma tiene como objetivo “anticipar y prevenir los retos que se suscitan con la jubilación de los ‘babyboomers’ en los años 30 y 40”.
La reforma irá encaminada a cumplir con los compromisos del Pacto de Toledo, que pasan por “garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”. “Lo responsable es que tomemos medidas desde ahora, en el contexto del diálogo social”, ha explicado Calviño. Entre los objetivos para este mismo año se encuentran el avance en la edad de jubilación legal o el nuevo régimen de los trabajadores autónomos.
La última de las grandes reformas que contempla el Plan de Recuperación es la del sistema fiscal. A pesar de que algunas nuevas figuras tributarias como la tasa Tobin o la tasa Google ya están en marcha, así como la nueva Ley contra el fraude fiscal, la intención es que la reforma se concrete a partir de 2022. La intención del Gobierno es poner en marcha un “grupo de expertos”, que analizará la situación actual.
En ese sentido, Calviño ha llegado a calificar de “errata” las informaciones aparecidas en los últimos días sobre la posibilidad de eliminar la declaración de la renta conjunta, medida que afectaría a dos millones de familias. Los expertos “analizarán las bonificaciones que ya existen sin prejuzfgar en absoluto la propuesta que finalmente se desarrolle, ha defendido. No obstante, ha reconocido que el texto remitido a Bruselas “puede dar lugar a una mala interpretación”.
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