Se acaba así con las propuestas recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que era obligatorio e igual para todos y que no se aplica desde que estalló la pandemia como consecuencia de la aplicación de una cláusula de salvaguardia.
Las medidas presentadas hoy tienen que ser negociadas con el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión espera que se llegue a un acuerdo este mismo año y puedan aplicarse inmediatamente después.
La clave de la propuesta es “reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible” según el vicepresidente Valdis Dombrovskis. “Las reformas y las inversiones públicas serán imprescindibles para el éxito de la propuesta” según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Los dos presentaron ayer las medidas que serán la bóveda del funcionamiento de la macroeconomía europea.
Las nuevas normas pretenden facilitar las reformas, potenciar la inversión y contribuir a reducir las elevadas ratios de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida según los comisarios. La reforma simplificará la gobernanza económica, mejorará la nacional, pondrá mayor énfasis en el medio plazo y reforzará la aplicación, dentro de un marco común transparente de la UE. Pero no exige tal como pedía Alemania un marco común y único como hasta ahora. La flexibilidad permitirá a cada país un mayor margen de maniobra que hasta ahora. De hecho, ni España ni los países más endeudados, casi todos mediterráneos, eran capaces de cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
PLANES A MEDIO PLAZO
Los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo son la piedra angular de las propuestas de la Comisión. Cada país diseñará y presentará sus objetivos presupuestarios, medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y reformas e inversiones prioritarias durante un periodo mínimo de cuatro años, ampliables a siete años.
Estos planes serán evaluados por la Comisión y aprobados por el Consejo sobre la base de criterios comunes de la UE. Los estados tendrán que presentar informes anuales para facilitar el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos. “La idea es que los estados puedan cumplir con sus compromisos, que las reglas sean aplicables, creíbles y reales” según Dombrovskis.
La propuesta plantea sanciones en caso de incumplimiento que sean más reducidas que las actuales y, por tanto, aplicables. La vigilancia fiscal se integrará en el Semestre Europeo, que seguirá siendo el marco central para la coordinación de las políticas económicas y de empleo.
NORMAS MAS SENCILLA Y SALVAGUARDIA
Según la Comisión la situación fiscal, los retos y las perspectivas económicas varían mucho entre los 27 Estados miembros de la UE. “De ahí que no funcione un planteamiento único para todos” según Gentiloni. Los planes nacionales establecerán sus sendas de ajuste fiscal. Se formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales, que serán el único indicador operativo para la supervisión fiscal, simplificando así las normas actuales.
Cuando un estado supere el 3% del déficit público o la deuda pública sea mayor del 60% del PIB, la Comisión emitirá un informe y establecerá una «trayectoria técnica» específica. Esta trayectoria tratará de garantizar que la deuda se sitúe en una senda descendente o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga por debajo del 3% del PIB a medio plazo. Estas trayectorias y la información técnica orientarán a los Estados miembros a la hora de diseñar los objetivos plurianuales de gasto que incluirán en sus planes.
Las cláusulas de salvaguardia generales y específicas de cada país permitirán desviarse de los objetivos de gasto en caso de recesión económica grave en la UE. También en caso de circunstancias excepcionales ajenas al control del Estado miembro y que tengan un impacto importante en las finanzas públicas. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, decidirá sobre la activación y desactivación de estas cláusulas.
