«Con este paquete damos pasos sin precedentes, abordamos los problemas y estamos arrojando luz. Damos a la gente más herramientas para entender quién trata de influir en su opinión y cómo. Al final la democracia va sobre la libre elección», ha defendido la vicepresidenta de Valores, Vera Jourova, durante la presentación de las medidas.
La política checa ha puesto como ejemplo el asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero o las relevaciones sobre el funcionamiento de Facebook. «Este paquete es una reacción a esos episodios y a los vacíos legales identificados en nuestro sistema», ha explicado.
Frente al limbo jurídico sobre la financiación de las formaciones políticas, Bruselas pretende actualizar el estatuto de los partidos de 2014 para aumentar la transparencia en lo relativo a donaciones y publicidad.
En este sentido, las donaciones que superen los 3.000 euros pasarán procesos de auditoría para esclarecer su origen y se dará más poder a la Autoridad para Partidos Políticos Europeos, un organismo dependiente del Parlamento Europeo que controla el registro y actividad de formaciones, que analizará aquellos pagos que puedan resultar sospechosos y tendrá un nuevo sistema sancionador.
Bruselas encomienda a la Autoridad la publicación de información abierta sobre los partidos y la confección de informes sobre donaciones y pagos a formaciones políticas de cara a las elecciones europeas de 2024.
Para evitar el riesgo de interferencias extranjeras, los pagos de miembros del partido que estén fuera de la UE se limitará al 10 por ciento del total de contribuciones. Estos miembros deberán cumplir la condición de respetar los valores europeos, lo que debería servir de salvaguarda, señala la propuesta de Bruselas.
En un entorno donde cada vez la política se juega más en el marco digital, a la Comisión Europea le preocupa que la propaganda política en Internet esté camuflada en otro tipo de contenidos y por ello quiere aumentar la transparencia para garantizar un debate abierto, libre de desinformación y manipulación.
Bruselas busca aclarar qué organizaciones están detrás del contenido político y dar a conocer la cantidad de dinero invertida en campañas publicitarias, así como las fuentes de financiación y el vínculo entre el contenido y el evento político sobre el que gira la publicidad, como elecciones o referendos.
Sobre la amplificación de estos contenidos a través de redes sociales, Bruselas prohibirá las técnicas que usen información personal sensible como el origen étnico, creencias religiosas u orientación sexual. Según ha defendido Jourova, el Ejecutivo comunitario aplicará una política de «explicar o «contener» ya que «la libertad de expresión no es la libertad de alcanzar al público».
Así, estas técnicas se permitirán solo con el consentimiento expreso de los usuarios y por primera vez las empresas digitales deberán dar información sobre cómo se dirige a personas y grupos sociales. En caso de que no cumpla con las condiciones de transparencia, esa publicidad política no podrá publicarse.
Además, Bruselas pedirá a los Estados miembros que establezcan sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasivas» para quienes quiebren las reglas sobre transparencia en el contexto de la publicidad política.
De cara a las próximas elecciones europeas de 2024, el Ejecutivo comunitario quiere aumentar la participación y, en concreto, plantea que se facilite el voto a personas desplazadas dentro de la UE.
Bruselas propone enmiendas a las normativas electorales para aumentar la información sobre los derechos electorales, armonizar los procesos para el registro de votantes o candidatos y usar el idioma de los desplazados en terceros países.
Este paquete de medidas destinadas a proteger los procesos electorales en la UE, deberá ser ratificado por los Veintisiete y la Eurocámara. Para garantizar que las normas se usan ya para las elecciones de 2024, Bruselas sugiere que las nuevas reglas entren en vigor al menos en la primavera de 2023, un año antes de los comicios.
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