Mark Zuckerberg
«Rechazamos toda acusación de censura», ha zanjado la portavoz jefa del nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, en una rueda de prensa a preguntas sobre los cambios anunciados por Meta y también sobre las últimas polémicas promovidas por el magnate dueño de X, Elon Musk, contra cuyos intentos de injerencia en las políticas europeas Francia ha pedido más mano dura de Bruselas.
En un primer momento, la Comisión Europea ha dicho «tomar nota» de las modificaciones previstas por Meta en sus redes sociales (como Facebook o Instagram) y apuntado que no se pronuncia sobre lo que ocurre en terceros países dado que la DSA se aplica únicamente en la Unión Europea.
No obstante, el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, ha querido dejar claro que las compañías que operen en territorio comunitario deben hacerlo cumpliendo la legislación del bloque, al tiempo que ha subrayado que Bruselas puede incluir en sus expedientes actuaciones fuera de la UE si éstas tienen un impacto en la seguridad o en los procesos democráticos dentro de la Unión.
Asimismo, Regnier ha puesto el acento en el «alto nivel de estándares éticos y profesionales» que garantizar la independencia de los verificadores que supervisan la actividad ‘online’ en el marco de la normativa comunitaria.
Según la DSA, entre las obligaciones de las grandes plataformas está la de tomar medidas para mitigar eventuales riesgos sistémicos –como puede ser la desinformación o la «amplificación de cierta narrativa»– y también presentar a Bruselas evaluaciones de riesgo si modifican sus programas de mitigación de riesgos.
«Siempre hemos sido claros en cuanto a que no importa qué Administración tome posesión en el país q sea, tenemos una normativa en vigor y nos aseguraremos de que las compañías que ofrecen servicios en la UE cumplen las reglas», ha expresado el portavoz.
Regnier también ha sido tajante al defender que «absolutamente nada en la DSA fuerza, pide o exige a una plataforma retirar contenidos legales», sino que lo que impone a las plataformas es la obligación de «actuar» para retirar «contenidos ilegales» que le son señalados.
La UE, además, pide «medidas apropiadas de mitigación» frente a contenidos potencialmente «dañinos» para el público menor de edad o para los procesos democráticos.
También a este respecto ha insistido en que no es la Unión Europea quien define cuáles son los contenidos ilegales sino que ello está establecido en base a la legislación nacional aplicable y el Derecho internacional.
Frente a las acusaciones de censura, el portavoz comunitario ha recordado además a Meta que está sometida a un expediente abierto por Bruselas en abril del pasado año precisamente por su gestión de contenido político engañoso y de desinformación extranjera durante la campaña electoral previa a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024.
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