Banderas de la Unión Europea
La Comisión Europea ha anunciado este viernes que permitirá a los Estados miembros aplazar o suspender el pago de las contribuciones sociales por parte de las empresas y crear subsidios para trabajadores para aliviar los costes salariales del tejido empresarial dentro de sus medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
El Ejecutivo comunitario ha ampliado las nuevas iniciativas que estarán permitidas de forma excepcional a través el Marco Temporal sobre ayudas de Estado que está vigente desde mediados de marzo y se prolongará, como mínimo, hasta diciembre de este año.
En concreto, incluye cinco nuevas medidas que podrán adoptar las capitales sin violar las normas comunitarias sobre ayudas públicas. Entre ellas, los gobiernos podrán conceder aplazamientos o incluso suspensiones en la contribuciones a los sistemas de seguridad social nacionales de empresas de los sectores o las regiones más golpeados por la enfermedad.
De la misma forma, los Estados miembros tendrán abierta la puerta a poner en marcha subsidios salariales para trabajadores, con el objetivo de aliviar los costes salariales de las compañías más afectadas por el brote y que, en otras circunstancias, podrían verse obligadas a despedir a parte de su plantilla.
Una tercera novedad es que las capitales podrán conceder subvenciones, adelantos o ventajas fiscales a instituciones de I+D. Además, Bruselas ha señalado que podría conceder un mayores ventajas si este tipo de ayudas se diesen a proyectos en los que participen varios Estados miembros.
También podrán estudiar ventajas fiscales, ayudas directas o avales públicos a aquellas inversiones dirigidas a construir o mejorar instalaciones necesarias para desarrollar y hacer pruebas a productos que son vitales en la lucha contra el Covid-19. En este apartado se incluyen productos médicos como vacunas o tratamientos, dispositivos y equipos como respiradores o productos de protección o desinfectantes.
Por último, se amplía la posibilidad de dar subvenciones directas, ventajas fiscales y avales públicos a inversiones a empresas cuya actividad busque producir con mayor celeridad los productos citados anteriormente.
Además de estas medidas nuevas, Bruselas ha expandido el alcance de las que ya estaban en vigor. Por ejemplo, los Estados miembros podrán conceder a empresas préstamos sin intereses, avales o créditos que cubran el 100% del riesgo y capital de hasta el 800.000 euros por firma.
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