El nuevo marco ofrece canales seguros y confidenciales a los informantes para que puedan denunciar infracciones sin miedo a represalias, según ha recordado el comisario de Justicia, Didier Reynders, al informar de que Bruselas ha decidido elevar a la Justicia europea el incumplimiento de España y de otros siete Estados miembro (Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia).
La directiva entró en vigor en diciembre de 2019 pero los países de la UE contaban con dos años para trasladar las modificaciones legales a su legislación nacional, un plazo que expiró en diciembre de 2021, según Europa Press.
La normativa para la protección de denunciantes tanto del sector público como del privado garantiza canales “eficaces” para denunciar las infracciones de las normas de la UE de forma confidencial, estableciendo un sólido sistema de protección frente a represalias. Esto se aplica tanto a nivel interno (dentro de una organización) como externo (a una autoridad pública competente), según señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que también precisa que el expediente a los países incumplidores se inició en enero de 2022.
En este tiempo, Bruselas ha continuado el diálogo con España para buscar una solución pero las dos fases previas a la denuncia ante el TJUE –el envío de una carta de emplazamiento y un posterior dictamen motivado– no han servido para resolver la disputa.
