Next Generation, dotado con 800.000 millones de euros, nació en 2021 y es el primer plan comunitario en el que se recurre a la deuda para financiar la inversión pública en los 27 países que integran la Unión Europea (UE). Los que más fondos reciben son Italia y España. En el caso español el plan se aprobó el 13 de julio de 2021 y se actualizó el 17 de octubre de 2023.
Según el análisis de Bruselas, los Estados están cumpliendo el programa de reformas e inversiones. A finales de 2023, más de 1.150 hitos y objetivos habían sido cumplidos satisfactoriamente. Con su aplicación se han ahorrado más de 28 millones de megavatios hora (MWh) de consumo de energía; más de 5,6 millones de hogares adicionales tienen ahora acceso a Internet a través de redes de muy alta capacidad, y casi 9 millones de personas se han beneficiado de medidas de protección contra catástrofes relacionadas con el clima, como inundaciones e incendios forestales.
Hasta la fecha, ya se han desembolsado cerca de 225 000 millones de euros en fondos. La Comisión estima que alrededor de la mitad del aumento previsto de la inversión pública entre 2019 y 2025 procede de estas inversiones financiadas por el presupuesto de la UE. A diferencia de crisis anteriores, la inversión pública en Europa aumentó durante la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis energética, pasando del 3,0% en 2019 a un 3,3% estimado en 2023. En 2024, se espera que la inversión pública alcance el 3,4% del PIB.
No obstante, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovkis, reconoció hoy que la ejecución está un poco por debajo de las estimaciones originales, porque los desembolsos van más lentos de lo previsto, se ha producido la guerra de Ucrania y el aumento de la inflación que han ralentizado la expansión económica.
Todos los planes han superado la meta del 37% en objetivos climáticos, y algunos de ellos dedican más del 50% de su plan total a la agenda verde. Según el comisario de Economía Paolo Gentiloni se prevé una aceleración de las solicitudes de pago presentadas por los estados y se calcula que este año 2024 se desembolsarán unos 100.000 millones de euros. El plan finaliza en 2026.
Pese a esta evaluación positiva la Comisión cree que hay aspectos claramente mejorables para que los fondos sean más eficaces y una de esas barreras es la administrativa por lo que pide a los estados más agilidad con las regiones y los interlocutores sociales para la ejecución de los planes.
España tiene previstas 142 líneas de inversión y 111 reformas; el 40% del plan apoyará los objetivos climáticos y el 26% del plan fomentará la transición digital. Hasta ahora España ha solicitado y recibido tres pagos que suponen 37.036 millones de euros, aproximadamente la mitad de los 69.528 que le corresponden de transferencias no reembolsables, es decir de subvenciones directas. Además, el gobierno podría pedir préstamos que si tendría que devolver.
Una parte significativa de esos fondos se destinan a reformas que aceleren el paso hacia una economía más sostenible, menos dependiente de combustibles fósiles e impulsar la transformación digital, para lo cual se prevé mejorar la conectividad interna. Entre las medidas para impulsar la transición verde: mejora de edificios o de transporte, en especial el urbano para reducir las emisiones; para la transición digital que refuerce la operatividad en las administraciones públicas y que el gasto público sea más eficiente y sostenible.
