Bruselas aprueba la última adenda del Plan de Recuperación de España hasta 2026

La actualización del Plan permite al Gobierno adaptar hitos y reformas para acelerar la absorción de los fondos europeos en la recta final del programa, manteniendo el volumen global de inversiones y ajustando el uso de los préstamos asignados a España.

Tras la aprobación de Bruselas, el Ejecutivo da por iniciado el tramo final del despliegue de los fondos, con fechas clave ya definidas para la ejecución y certificación de los proyectos.

La adenda revisa 160 medidas del Plan de Recuperación para reducir cargas administrativas y asegurar la ejecución de las inversiones antes de que termine 2026

Revisión de medidas y calendario límite

Con esta adenda, el Gobierno ha revisado un total de 160 medidas con el objetivo de simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de los hitos comprometidos con la Comisión Europea.

El 31 de agosto de 2026 se mantiene como fecha límite para ejecutar las inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar los gastos finalizará el 31 de diciembre de 2026, según ha recordado el Ministerio de Economía.

Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo subrayan que el visto bueno de Bruselas “avala la buena marcha del Plan de Recuperación” y permite centrar los esfuerzos en completar las inversiones pendientes.

El Gobierno considera que el aval de la Comisión Europea confirma la buena marcha del Plan y marca el inicio de su fase final

Eliminación de 17 reformas con rango de ley

Entre los cambios introducidos destaca la eliminación de 17 reformas con rango de ley que inicialmente formaban parte del Plan. De ellas, 12 no estaban vinculadas a recomendaciones específicas de la Comisión Europea ni a retos estructurales identificados para España.

Uno de los casos más destacados es el de la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se desvincula de los fondos europeos tras permanecer más de un año bloqueada en su tramitación parlamentaria.

Las cinco reformas restantes se sustituyen por otras de similar ámbito y ambición, al coincidir con áreas consideradas prioritarias por Bruselas, como la vivienda o la sanidad.

Doce de las reformas eliminadas no estaban ligadas a exigencias europeas, mientras que otras cinco se sustituyen por medidas alternativas en áreas prioritarias

Cambios en vivienda, sanidad y protección social

En el ámbito de la vivienda, se modifica el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo, que deja de estar vinculada a la llegada de fondos europeos, incorporando en su lugar otros avances como la creación de la empresa pública del suelo.

En sanidad, se sustituye la ley de cohesión, equidad y universalidad del Sistema Sanitario Nacional por medidas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la designación y renovación de centros de referencia y la reorganización de la atención no gestionada por dichos centros.

También se reemplaza la ley del estatuto marco del personal sanitario por medidas específicas sobre puestos de difícil cobertura, horas de trabajo, guardias y retribuciones del personal sanitario.

En materia social, la ley de diversidad familiar se sustituye por el real decreto-ley de ampliación del permiso de paternidad, mientras que la reorganización de las prestaciones no contributivas se reemplaza por la reforma del incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Reformas que se mantienen en el Plan

Pese a la revisión, el Plan de Recuperación mantiene varias reformas clave con rango de ley, entre ellas:

• La ley de movilidad sostenible

• La ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario

• Los estatutos del nuevo organismo público de evaluación

• La ley de transparencia e integridad de los grupos de interés

• La modificación de la Ley de Mercado de Valores

• Cambios en beneficios fiscales

También se mantiene como hito la subida de la fiscalidad al diésel, una medida que deberá estar aprobada antes de que finalice enero, a pesar de las dificultades parlamentarias para sacarla adelante.

La subida de la fiscalidad del diésel sigue formando parte del Plan y debe aprobarse antes de que termine enero

Menos préstamos y más inversión estratégica

La adenda también ajusta el uso de los préstamos europeos, reduciendo el importe que España solicitará finalmente hasta 22.800 millones de euros, lo que equivale a algo más del 25% de los 83.000 millones asignados inicialmente.

Según el Gobierno, la solidez de la economía española permite financiarse en los mercados en condiciones favorables, sin recurrir en mayor medida a los préstamos europeos. Esta decisión, según Economía, permitirá evitar 60.000 millones de euros de deuda pública adicional.

Además, se refuerzan las prioridades estratégicas con nuevas inversiones, como 300 millones de euros para programas europeos de supercomputación y 2.500 millones adicionales para proyectos ligados a la descarbonización y la transición energética.

Inyección de 13.000 millones en el ICO

Otra de las principales novedades de la adenda es la inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a reforzar su capacidad de financiación y apoyo a proyectos estratégicos vinculados al Plan de Recuperación.

A continuación, un resumen de las principales cifras tras la aprobación de la adenda:

El Gobierno confía en que la simplificación del Plan permita culminar las inversiones pendientes y avanzar en la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos antes de que expire el marco europeo.

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