Los organizadores de la iniciativa piden a Bruselas que establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas en beneficio de la transición ecológica y social con el objetivo de luchar contra el cambio climático y la desigualdad en toda la UE, y garantizar que los ciudadanos europeos contribuyan equitativamente a la consecución de estos objetivos.
Por el momento, la Comisión no ha analizado el fondo de la propuesta pero, ahora que está registrada, los organizadores disponen de seis meses para poner en marcha el proceso de recogida de firmas. Si, en el plazo de un año, la iniciativa recibe un millón de declaraciones de apoyo de al menos siete Estados miembro diferentes, el Ejecutivo comunitario tendrá que reaccionar.
La Iniciativa Ciudadana Europea se puso en marcha oficialmente en abril de 2012 y, desde entonces, la Comisión ha recibido 127 solicitudes de cuales 102 resultaron admisibles y, por tanto, podían registrarse.
