Bolaños, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución: : “No se me ocurre ningún motivo para votar en contra”

“No se me ocurre ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad”, que es lo que esta reforma pretende, dijo ante el Pleno, que hoy debe pronunciarse sobre las dos enmiendas de devolución que han presentado PP y Vox.

En su intervención, Bolaños subrayó la voluntad del Gobierno de “llegar a acuerdos” durante el trámite parlamentario del proyecto de ley, a fin de “mejorarlo y lograr el máximo consenso posible”.

“Desde ya, les digo que estamos dispuestos a negociar” y a incorporar “otras propuestas para mejorar el texto”, declaró. Así, Bolaños dijo “esperar que, tras todo el proceso de diálogo necesario, alcancemos esa mayoría reforzada (tres quintas partes)” que necesita para aprobar la reforma constitucional.

“No concibo que esta reforma no se apruebe por una mayoría amplísima de esta cámara”, resaltó. Por ello, pidió a los grupos que, “cuando lleguemos al final” del trámite parlamentario, “no piensen en el texto que les hubiese gustado a ustedes, sino si es mejor para las personas con discapacidad”.

“Les invito a distinguir lo relevante de lo accesorio”, y lamentó que “por el clima político imperante, cualquier apelación al consenso se entienda como ingenuidad”.

Bolaños agradeció a las personas con discapacidad, a su familias y a sus asociaciones el trabajo de “todos estos años, que nos ha permitido que hoy este país inicie el camino para ser un país más solidario e igualitario”.

El texto del proyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo, suprime el término ‘disminuido’ y lo sustituye por el de ‘personas con discapacidad’, tal y como demandan desde hace años las asociaciones del sector.

Propone, además, una nueva estructura del artículo con cuatro apartados; remplaza el enfoque médico-rehabilitador por otro basado en la defensa de los derechos del colectivo; recalca la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y deberes de estas personas (protección reforzada); establece los objetivos que deben orientar las políticas públicas en este ámbito, tales como la autonomía personal y la inclusión social, y proclama la participación de las entidades representativas en todas aquellas decisiones que afecten a dicho colectivo.

Según Bolaños, la inclusión del artículo 49 en la Constitución de 1978 supuso “un reconocimiento muy importante en su día de la obligación del Estado para proteger a las personas con discapacidad”.

“Sin embargo, ha envejecido y ya no refleja la concepción de la sociedad actual”, y defendió que es «imperativo» incluir en la Carta Magna la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según el ministro, esta reforma tiene unos destinatarios directos, que son las personas con discapacidad, y un beneficiario común, que es el conjunto de la sociedad”.

“Cada vez que se reconocen nuevos derechos a un colectivo, se amplía la frontera para los derechos de todos; cada vez que una sola persona consigue un derecho para sí, gana la democracia”.

“cuando hablamos de ampliar derechos y libertades, cuando hablamos de reformas que amplían el derecho de ciudadanía y luchan contra la discriminación, el consenso es un deber”, concluyó.

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