Paneles solares
Según indicaron en fuentes jurídicas, esta intervención se enmarca en los procedimientos iniciados en relación con el caso OperaFund, en virtud del cual se reclamó la ejecución de un laudo arbitral dictado a favor de la compañía, recoge Europa Press.
Así, el embargo ejecutado por la Justicia belga, autorizado como mecanismo de compensación para garantizar el resarcimiento de los acreedores, asciende a esos 482 millones de euros.
OperaFund obtuvo en 2019 una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era Estado firmante en el momento en que realizó los recortes retroactivos que motivaron las reclamaciones.
Ante la decisión del Gobierno español de no abonar la indemnización, OperaFund emprendió las acciones necesarias para asegurar el pago por otras vías, recurriendo a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. El monto adeudado en este caso asciende a 29,3 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 7,5 millones en concepto de intereses de demora.
En este contexto, el equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.
La justicia dio luz verde a esta petición, al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago. Como consecuencia de esta decisión de la magistratura belga, se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, quedan ahora inmovilizados, a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferidos a los acreedores para resarcir las deudas existentes con los acreedores.
En julio del año pasado, la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, inició ya un procedimiento similar que también se resolvió a su favor, resultando en un embargo de más de 207 millones de euros.
En este proceso, la deuda existente ascendía a 106,2 millones de euros de indemnización pendiente de pago, una cifra a la que se deben sumar otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.
Las firmas demandantes del Estado español han obtenido victorias judiciales obtenidas en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica, según la citada agencia.
Fuentes de las firmas reiteraron su disposición a alcanzar “un acuerdo con el Gobierno que permita poner fin a esta prolongada litigiosidad y a restaurar un clima básico de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional”.
A diciembre de 2024, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes asciende a 1.754,7 millones de euros, cifra a la que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de la estrategia de impagos seguida por el Estado español, alcanzando así un total de 2.292 millones de euros.
Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos correspondientes a siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.
En total, la justicia estadounidense ha validado una deuda exigible de 691,2 millones de euros, habilitando a los acreedores a activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país.
Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes (‘discovery order’) para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.
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