Anida, la inmobiliaria del BVVA, vuelve a intentar desalojar por la vía judicial a los vecinos de una promoción municipal de Parla que acabó en manos del banco a raíz de que el promotor -al que el Ayuntamiento adjudicó la construcción- entrara en suspensión de pagos. Según informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Parla, el banco intenta nuevamente desalojar las 190 viviendas, situadas en la calle Fuenlabrada número 75, después de que la entidad financiera haya vendido los edificios al ‘fondo buitre’ Cerberus y ha “demandado a los inquilinos por 3,5 millones de euros”, explica Ricardo Rosado, portavoz de los PAH de Parla.
Rosado asegura en declaraciones a EL BOLETIN que la cantidad que reclama la inmobiliaria de BBVA es tan “desorbitada” que los abogados de oficio a los que han consultado los demandados les han aconsejado que abandonen sus casas y no pleiteen con el banco, ya que en caso de perder el juicio y ser condenados a pagar las costas deberían abonar 350.000 euros, una cantidad que no podría pagar estas familias, con escasos recursos económicos, al tratarse de un edificio que estaba incluido en el Plan de Alquiler Municipal.
El portavoz de la PAH explica que el Ayuntamiento de Parla cedió la parcela pública donde se levantan estos pisos a la empresa privada Unifo para que administrase durante 75 años las viviendas con alquileres asequibles, pero que tras la quiebra de esta empresa los inmuebles –en muchos casos inacabados- acabaron en manos del BBVA.
Recuerda Ricardo Rosado que esta es la segunda vez que el BBVA intenta desahuciar a los residentes de este edificio a pesar de que el 95% de las familias que viven en estos bloques son familias en riesgo de exclusión social e indica que en 2014 una sentencia judicial dio la razón al banco pero el tema quedó aparcado, por lo que considera que la explicación de que haya retomado los desahucios es la venta los activos al fondo Cerberius.
El representante de la PAH recalca que Cerberus «es un fondo buitre especializado en comprar barato activos que se encuentran en problemas, por lo que es imposible negociar con ellos rentas asequibles que puedan pagar los inquilinos» y avisa de la «imposibilidad de dar solución habitacional si se produce un desalojo masivo». Por ello, no descarta que la PAH, cuyos servicios jurídicos están ahora estudiando el caso, lleven este asunto a instancias internacionales y pidan la mediación de Bruselas.
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