El BBVA acaba de poner al corriente a los inversores en Estados Unidos de su imputación por el espionaje masivo que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo a políticos, empresarios y periodistas, presuntamente a instancias del banco, y reconoce por primera vez que el caso puede saldarse con “multas” para la entidad u otro tipo de daños que, por ende, también podrían ocasionar una merma en su reputación, según publica hoy lainformación.com
El citado digital explica que el BBVA ha dado estas explicaciones en un “documento remitido al supervisor de los mercados norteamericano, la SEC (Securities and Exchange Commission), con motivo de su última emisión de bonos contingentes convertibles, conocidos como CoCos en la jerga financiera, por importe de 1.000 millones de dólares, una operación que se cerró cerca de la medianoche del miércoles”.
Entre los factores de riesgo que se incluyen en el folleto preliminar de dicha colocación de deuda, la entidad financiera dedica un apartado específico a su imputación como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en la causa judicial que investiga su relación con Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, con el que el banco habría suscrito contratos por importe de unos diez millones de euros.
El BBVA asegura en esta sección del documento, redactado en inglés, que dado que el proceso se encuentra bajo secreto de sumario y en una etapa inicial actualmente “no es posible predecir el alcance o la duración del dicho procedimiento (…) o sus posibles consecuencias o implicaciones» para el banco, “entre las que se incluyen multas, daños o, por ende, una merma reputacional”.
El medio online resalta que en ocasiones anteriores, la entidad ya había informado al mercado acerca de su imputación y sobre la posibilidad de que el caso Villarejo tuviera un impacto negativo sobre su negocio. Sin embargo, en los diferentes documentos que el BBVA remite periódicamente a los supervisores, nunca se había introducido hasta ahora la posibilidad de recibir sanciones económicas, que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, podrían resultar multimillonarias.
No interferir con la justicia
El banco también explica al supervisor estadounidense que el motivo por el que no ofrece ningún tipo de detalle sobre los hallazgos de la investigación ‘forensic’ encargada a PwC a través de sus abogados Garrigues y Uría Menéndez es el “requisito legal” de “no interferir” con el procedimiento judicial que lidera el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
