Bankia y Deloitte se libran de las acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ha descartado en su informe de conclusiones definitivas sobre la salida a bolsa de Bankia, ampliar su acusación a Deloitte, a BFA y a la propia entidad, al reconocer el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial, según recoge la agencia Efe.

Tras ampliar su escrito inicial de cuatro a catorce acusados, para los que solicita penas de entre uno y ocho años de cárcel por falsedad contable y estafa a los inversores, la fiscal Carmen Launa ha declinado acusar a las tres entidades.

Por lo que respecta a Bankia, la Fiscalía destaca que promovió en mayo de 2012 un cambio de gobierno corporativo, con el nombramiento de un consejo de administración completamente distinto al que propició la salida a bolsa, en julio de 2011. Fue la propia entidad quien puso en marcha una investigación para aclarar la entrega y el uso de tarjetas de crédito por consejeros y miembros de la Comisión de Control y directivos de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012, las famosas ‘tarjetas black’, que concluyó con la condena en febrero de 2017 de más de medio centenar de ejecutivos.

Asimismo, el ministerio público recuerda que Bankia procedió, a partir del 18 de febrero de 2016, a devolver el importe íntegro de su inversión inicial a todos los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa. Para los que hubieran vendido las acciones, se les restituyó la diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos, y en ambos casos se les abonaron unos intereses compensatorios.

Todo esto revela que la conducta corporativa de Bankia demuestra el compromiso de sus actuales dirigentes con una cultura de cumplimiento corporativo que implica la exención de la pena que pudiera corresponderle, señala el Ministerio Público. Todos estos argumentos, añade el escrito, cabe aplicarlos a BFA.

En cuanto a Deloitte, se trata de una sociedad profesional regida por la ley, de modo que la actuación profesional de los socios que la integran se rige, “por mandato legal, por los principios de absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su trabajo de auditoría”.

De ahí que Anticorrupción haya decidido acusar al socio auditor Francisco Celma -para el que pide 2 años de cárcel- pero no a la firma, ya que éste “habría contado con esta autonomía e independencia”, y es el responsable de firmar el informe de auditoría que acompañaba al folleto de emisión depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma de la que es socio, añade el documento, “no interviene, ni puede intervenir, de forma que la responsabilidad que recaiga sobre la actuación auditora lo será sobre el socio auditor, y no sobre la sociedad a la que pertenece”.

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