Ayuso tensa el pulso con los sindicatos por los servicios mínimos para la huelga en Educación

Isabel Díaz Ayuso
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La tensión entre la Comunidad de Madrid y los colectivos educativos aumenta con el paso de los días. Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM, convocantes de la huelga en Educación los 22 y 23 de septiembre, van a recurrir los servicios mínimos presentados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante este paro. Estas organizaciones dan este paso al entender que son “abusivos” y “vulneran el derecho a la huelga”.

Según explican estas organizaciones sindicales, en una reunión mantenida esta mañana con la Consejería de Educación para establecer los servicios mínimos de la mencionada huelga se han encontrado con la “imposición” de unas condiciones “que jamás, desde que las competencias educativas se transfirieron a la Comunidad, incluso desde que se estableció la democracia en España, se han exigido en una huelga”.

En concreto, detalla CCOO en una nota, se exige que todos los centros docentes tengan un profesor/a por cada grupo de 20 alumnos o fracción, de 15 si se trata de un centro de Educación Especial, de 12, 18, 20 o fracción para alumnos menores de un año, dos años y tres años, respectivamente. Esto supone “impedir el ejercicio del derecho de huelga a todo el personal” en la Educación Infantil y “al 90/95% del resto de etapas educativas”.

“Es inadmisible y un ataque directo a dicho derecho fundamental”, critica este sindicato, que lamenta que sea además “un agravio comparativo evidente” con los servicios mínimos establecidos en la huelga de otro sindicato que convocó en centros educativos entre los días 10 y 30 de septiembre.

Para estas organizaciones sindicales la Consejería de Educación y Juventud “debe dar marcha atrás y hacer propuestas que no imposibiliten el ejercicio del derecho a huelga”, ya que esta actitud “no va a facilitar la resolución del conflicto planteado”. Todo lo contrario, “enconará las posiciones y abrirá la puerta a la toma de medidas que consideremos oportunas a fin de que los colectivos afectados puedan ejercer los derechos que un país democrático exige”.

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