Ayuso ha deslizado esto en redes sociales después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra su pareja, Alberto González, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil, según consta en una denuncia adelantada por ‘ElDiario.es’.
La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2024
Además, en declaraciones a los periodistas en Cataluña, la dirigente madrileña ha defendido que “la investigación fiscal” a su pareja “nada tiene que ver con la Comunidad” y ha acusado a La Moncloa de pedir “más madera” sobre el tema a las televisiones.
Por su parte, ante los periodistas en los pasillos del Senado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado que “no es casualidad” que esta información se haya conocido el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que dar “muchas explicaciones por primera vez” en la Cámara Alta y que se creará la comisión de investigación para tratar la “trama de corrupción” que “de alguna manera tiene inmerso a PSOE y al propio Gobierno”, recoge Europa Press.
UPF: “La legalidad e imparcialidad son las guías de actuación de cualquier fiscal”
La reacción del mundo judicial al señalamiento de la fiscal por parte de Ayuso no se ha hecho esperar. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha querido dejar claro su “más absoluta disconformidad con el cuestionamiento de la profesionalidad de la Fiscal Jefe de Madrid en base a su anterior trayectoria en puestos de responsabilidad en organismos públicos”.
“Ese respeto a la profesionalidad lo predicamos no solo de la Fiscal Jefe de Madrid sino de todo juez o fiscal que haya desempeñado funciones en algún momento de su vida en un organismo público con Gobiernos de todo signo político”, afirma en un mensaje en X.
Esta asociación de fiscales recuerda “a todos los políticos que la legalidad e imparcialidad son las guías de actuación de cualquier fiscal en España”. “Es necesario subrayar que son la justicia y la democracia las auténticamente perjudicadas por la falta absoluta de rigor en la crítica pública”, concluye.
