Ayuso da luz verde a la licitación de la Ciudad de la Justicia por 683 millones

Ayuso da luz verde a la licitación de la Ciudad de la Justicia por 683 millones

La Comunidad relanza el proyecto para aunar las sedes judiciales en Valdebebas impulsado por Esperanza Aguirre. Su licitación ha quedado desierta en varias ocasiones.

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas.

La Comunidad de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a las obras para construir la Ciudad de la Justicia. El Consejo de Gobierno ha acordado la celebración del contrato que se resolverá por procedimiento abierto con un importe de licitación de 683 millones de euros en el periodo 2024-2028. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso relanza así el proyecto para aunar las sedes judiciales en Valdebebas impulsado por Esperanza Aguirre. Y lo hace, después de que su licitación haya quedado desierta en varias ocasiones.

Así lo ha anunciado la Puerta del Sol, que destaca que el Ejecutivo regional gestionará de manera directa la Ciudad de la Justicia, cuya edificación está dividida en dos lotes y cuatro fases. “La elección de las empresas”, detalla en una nota, “está prevista para el verano de este año y el inicio de las obras a lo largo del primer trimestre de 2025”.

La Comunidad unificará en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 26 sedes judiciales repartidas ahora por la capital. En la actualidad, dan servicio diariamente a más de 30.000 personas. Se levantarán entre 10 y 13 edificios, “que serán un referente en España en la modernización de las infraestructuras judiciales para hacerlas más accesibles, totalmente digitalizadas y eficientes”.

La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos.

Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para “absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años”.

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