La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea.
Clece, la filial de multiservicios de ACS, se ha adjudicado cerca de siete millones de euros en contratos con la Comunidad de Madrid por la vía de emergencia. Aunque se firmaron entre finales de marzo y principios de abril, hasta ayer no se hicieron públicos. La mayoría de estas licitaciones se corresponde con el servicio de limpieza de 32 hoteles puestos a la disposición del Gobierno regional para alojar personal sanitario y pacientes enfermos de Covid-19, que suman un importe total de 2,7 millones.
Aunque el contrato con la cifra más cuantiosa fue el de la limpieza del Hospital de Campaña Ifema, que asciende a casi 4 millones de euros, según consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. A finales de marzo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio su visto bueno a la oferta de la empresa controlada por Florentino Pérez, que implicaba un precio por hora diurno de 15,95 euros y de 18,89 euros nocturno.
Desde que comenzó el estado de alarma, Clece también se ha adjudicado otros dos contratos en la Comunidad de Madrid. En este caso por parte de la empresa pública del Metro. El primero fue el servicio de limpieza y atención de avisos COVID-19 en depósitos del suburbano, mientras que el segundo era un tratamiento de desinfección contra virus por nebulización en determinadas dependencias de Metro. El importe total de ambos roza los 300.000 euros.
Estos contratos ayudarán a mitigar el impacto que la pandemia ha tenido en las cuentas de la compañía. ACS, su compañía matriz, atribuyó parte del descenso de su beneficio en el primer trimestre a la paralización o reducción “significativa” de las actividades de limpieza y mantenimiento en centros sin actividad, como colegios o centros de ocio. Si bien, admitió que se había reforzado en hospitales y dependencias públicas.
En este sentido, Clece, que también se dedica a la gestión de residencias de ancianos, ha solicitado el reequilibrio económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas a causa del coronavirus, según informó recientemente El Confidencial.
La firma entiende que los diversos propietarios de los centros de mayores, principalmente entidades municipales, deben compensarle los costes «sobrevenidos e imprevisibles» a los que ha tenido que hacer frente para atender a los ancianos, muchos de los cuales han sido víctimas del covid-19.
Pese a que algunos gastos para proteger a los mayores de la pandemia han sido costeados por las administraciones públicas, desde Clece aseguran que «los sobrecostes derivados de la crisis han sido de 7,2 millones de euros durante estos dos meses y medio».
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