Así lo adelanta este lunes la SER, que recuerda que casi 10.000 personas que vivían en residencias madrileñas murieron en los primeros meses de la pandemia. Y de ellas, 7.291 perdieron la vida sin la necesaria atención hospitalaria. Los únicos que pudieron acceder a los centros esos días eran los agentes de la Policía Municipal de Madrid, cuyas actas de esas visitas son secretas. Y la Comunidad de Madrid quiere que así siga siendo. Para ello, se ha dirigido a los tribunales.
Según el citado medio, un particular solicitó acceso a ‘las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales’ a través del Portal de Transparencia de la región. Ante esto, la respuesta de la Viceconsejería de Interior ha sido la de rechazar esa petición al entender que podría chocar con la Ley protección de datos.
No obstante, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid obligó a la administración a remitir “la información solicitada por el Reclamante, en el plazo máximo de 20 días”. Una decisión que Gobierno de Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El reclamante presentó la solicitud en febrero de 2022 citando las actas realizadas “por la Sección de Inspección y Evaluación de Servicios de Policía Municipal desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de agosto de 2020”. Después de recibir el ‘no’ de la Viceconsejería, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia en la que insiste en el acceso a la información solicitada.
En Junio de 2022, la Viceconsejería denegó de nuevo la petición ante el “elevado volumen de información” o que “aparecen datos de carácter personal”, entre ellos “el nombre de la persona fallecida o enferma”.
En su argumentación, el Consejo de Transparencia da la razón al solicitante, ya que se trata de información que contribuye a un mejor conocimiento de las instituciones al versar “sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía local de Madrid en residencias de mayores”, por lo que existe “un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos”.
Ahora, el Gobierno de Ayuso ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
