Edificio del SEPE
«Gobiernos amigos han tardado seis y siete meses en restablecer su sistema», ha manifestado ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que ha agradecido todos los trabajos que su departamento está realizando para reestablecer los equipos afectados por este ataque.
Artiga ha declinado ofrecer más información acerca del ciberataque, ya que las competencias de ciberseguridad corresponden al Centro Criptológico Nacional (CCN)
Artiga ha señalado que la Secretaría General de Administración Digital pondrá en marcha un sistema de sistema de alertas de ciberseguridad para las ‘apps’ de la Administración y que el Gobierno pondrá en marcha un centro de operaciones de ciberseguridad para la Administración General del Estado y organismos públicos.
En todo caso, Artiga ha declinado ofrecer más información acerca del ciberataque, ya que las competencias de ciberseguridad corresponden al Centro Criptológico Nacional (CCN) y a su Secretaría de Estado corresponde el Incibe, encargado de labores de sensibilización y de los sistemas de la Secretaría General de Administración Digital.
Durante su intervención, la primera ante la Comisión que le corresponde a su departamento tras su ‘estreno’ en la tramitación presupuestaria, Artiga ha expuesto las diferentes estrategias de digitalización que prepara el Gobierno, y ha defendido actuaciones llevadas a cabo como la de la aplicación Radar-Covid, para el ‘rastreo’ de positivos a través del teléfono móvil en la pandemia de Covid-19. «No nos tenemos que sentir fracasados», ha asegurado Artiga, elevándola como un «proyecto impecable desde el punto de vista tecnológico».
Además, ha dicho que las cifras de uso son «muy positivas», un 18%, similar a la del resto de países europeos, ha asegurado, siendo España el cuarto país en número de descargas, si bien los problemas han llegado en la adopción de sistemas por parte de las comunidades y su capacidad para facilitar los códigos.
No en todas, ha dicho, señalando que administraciones como las de Galicia, País Vasco o Cantabria tenían un sistema preparado, pero que otras, como Madrid, llegaron tarde, y otras como Valencia o Cataluña directamente no lo han adoptado. «¿De quién es la responsabilidad? ¿De quien pone la tecnología a disposición de todo el mundo o de quien decide no adaptarla?», ha preguntado a la oposición.
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