Esta plataforma, que integra a 39 entidades, organizó la marcha que el pasado día 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y ‘Se acabó. Bajemos los alquileres’, que reunió a más de 22.000 personas.
Ahora, ha convocado una nueva marcha para el próximo día 9 de febrero entre Atocha y Sol (12 horas) para denunciar «la completa inacción de la Comunidad de Madrid ante el problema de la vivienda y la insuficiente reacción del resto de administraciones».
«Las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en estos últimos meses únicamente responden al objetivo de facilitar el negocio de promotores, especuladores y rentistas, dando completamente la espalda a los problemas de la ciudadanía», han apuntado en un comunicado.
Además, han remarcado, se hace más necesario todavía salir a la calle tras el ‘no’ del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, al decreto ómnibus que prorrogaba muchas de las medidas del escudo social, reducía los precios del transporte público y garantizaba la actualización del importe de las pensiones. «La perversa actitud de estos partidos es indudable que pone aún en mayor riesgo a las personas vulnerables a la vez que representa una agresión a todas las clases populares», han subrayado.
Durante una rueda de prensa en el Ateneo La Maliciosa, los portavoces del movimiento Enrique Villalobos (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Laura Barrio (Asamblea de Vivienda de Usera/PAH) y Mariano Pérez (Ecologistas en Acción) denunciaron que, ante una situación de emergencia habitacional como la que sufre la ciudadanía en la Comunidad de Madrid, la respuesta de la Administración regional «ha sido inexistente cuando no contraproducente».
En este sentido, apuntaron que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid «está siendo un completo fracaso». «Desde luego, no es el remedio a unos precios de los alquileres completamente desorbitados que están empobreciendo a una parte importante de la clase trabajadora, causando incluso problemas a muchas familias para hacer frente al pago de los suministros básicos y propiciando, además, que únicamente un porcentaje muy reducido de nuestros jóvenes, el 15,9%, pueda emanciparse», explicaron.
A juicio de los colectivos que integran el movimiento, es necesario abordar medidas de choque que posibiliten la disminución del precio de la vivienda, particularmente la que se encuentra en régimen de alquiler y apuntan una serie de medidas que, defienden, deberían implementarse durante el primer semestre de este año.
Así, para posibilitar este descenso, entienden como imprescindible «incrementar de una manera drástica el parque de vivienda público, incorporando al mismo las viviendas en poder de la Sareb, los pisos turísticos que no están legalizados, así como las viviendas vacías existentes en la Comunidad, mediante una compensación adecuada y reglada a sus propietarios».
También ven necesario que las medidas que se adopten a medio y largo plazo contemplen la creación de un parque público de vivienda, no enajenable, que se convierta «en un actor fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible». «Vivienda digna en cuanto a espacio, entorno, estado o dimensiones de la misma y sostenible tanto social como medioambientalmente», han recalcado.
Finalmente, los portavoces denunciaron la absoluta vulneración de derechos de distintos colectivos sociales como los vecinos de Cañada Real o los afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, así como «la de todas aquellas personas que han venido y vienen sufriendo desahucios, jóvenes sin posibilidad de emanciparse y tener un proyecto de vida o ciudadanos y ciudadanas que fruto de la precariedad son forzados a vivir en condiciones de hacinamiento, insalubridad o falta de privacidad».
Entre las más de 30 organizaciones que se integran en la misma están plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, la FRAVM, Amnistía Internacional Madrid, sindicatos o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real.
Entre otras medidas, también han organizado una jornada de reivindicación y debate sobre esta problemática de cara al sábado 25 de enero en la sede de CC.OO. Madrid (C/Lope de Vega, 38).
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