Bajo el título “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, Cáritas Española ya ha comenzado a presentar a los distintos grupos del arco parlamentario un documento que desarrolla ocho medidas concretas para que “las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables, proteger contra la pobreza y garantizar derechos tan relevantes como el derecho a la vivienda”.
En este capítulo, Cáritas propone la adopción de políticas públicas que «hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo».
Concretamente, esta ONG cree que ha de procederse a la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler; considerándola como equipamiento público y para ello, reservando importantes porcentajes de suelo con uso dotacional. Y precisa que “dentro de estos parques de vivienda ha de contenerse escalas suficientes de vivienda social para personas y familias vulnerables (sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido)”.
Demanda también la “reforma del procedimiento de desalojo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para mayor protección de hogares vulnerables en aplicación de Dictámenes y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.
Subraya la ONG de la Iglesia que la Agenda Urbana Española incluye en su Objetivo Estratégico nº 8, el “diversificar los programas de vivienda pública y proveer una cantidad significativa de la sometida a algún régimen de protección pública con acceso fundamentalmente a través del alquiler, que sea adecuada a la renta de todos los grupos sociales”.
Y hace notar que desde Naciones Unidas han recomendado a nuestro Gobierno: “adoptar todas las medidas necesarias, incluso median te la asignación de recursos suficientes, para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, como las personas y hogares de bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad” dada la situación actual de terrible y cotidiana dificultad para personas y familias en esta situación para acceder y/o conservar una vivienda.
¿Qué reforma proponen?
La reforma de la LEC por la que aboga Cáritas debería garantizar, que se incorporen los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas, así como “asegurar que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada”,
Además, reclaman que “que dichas personas y familias sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo”, junto a “la adopción de un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio”.
Caritas argumenta su derecho a presentar a los partidos políticos’ estas propuestas dado su “compromiso en el fortalecimiento de un Estado social de derecho y auténticamente democrático” que la organización considera “pasa por participar en la vida pública, tanto para hacer presente en ella la voz de los descartados como para entablar un diálogo permanente con los poderes públicos y los responsables de las tomas de decisiones que permita avanzar en la búsqueda del bienestar, la defensa del acceso de todos a los bienes y dar a cada cual lo que en justicia le corresponde”
Y recalcan que la declaración final la última asamblea de Cáritas ya dieron testimonio de que “mientras aumenta la escandalosa acumulación de riqueza en manos de unos pocos, siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les permitan satisfacer con dignidad sus necesidades básicas”.
