«La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias», han denunciado.
En este sentido, las organizaciones agrarias han insistido en sus principales reivindicaciones que, además de la prohibición la venta a pérdidas en el último eslabón, se centran en la necesidad de crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal Horeca a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, reforzar la figura del mediador, y generar índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar.
La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha retomado los debates que deben culminar en la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria, que incluirá la transposición de la Directiva UE relativa a las prácticas comerciales desleales, y que debería entrar en vigor en noviembre de 2021 a más tardar, para cumplir con los plazos fijados por la normativa europea.
La Comisión de Agricultura tiene capacidad plena de la ponencia y una vez alcanzado un acuerdo se llevaría al Senado para completar el recorrido legislativo.
