Lo ha dicho este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha explicado que la querella recoge que los hechos pueden constituir delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, de intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático y de producción y adquisición por uso de ‘spyware’ y otros delitos contra los derechos fundamentales.
Aragonès ya anunció que presentaría una querella cuando trascendió el caso de espionaje en abril y ahora ha concretado que se dirigirá a Esteban y a la empresa propietaria de Pegasus, aunque ha avisado de que se puede ampliar a “cualquier otra persona física o jurídica” si la investigación determina que tienen responsabilidades.
Así, considera que la investigación que debe comenzar a partir de la querella “debe poder garantizar de forma urgente que se aborda el tema para descubrir los hechos en toda su integridad”, así como para presentar pruebas que pueden desaparecer y para descubrir la identidad de los responsables, recoge Europa Press.
Plaja ha asegurado que Aragonès recibió al menos cuatro intentos de infiltrarse en su teléfono móvil y que el contexto en el que se produjeron -durante las negociaciones entre ERC y PSOE para investir a Pedro Sánchez y alrededor de la inhabilitación del entonces presidente de la Generalitat Quim Torra- demuestra que tuvo una “clara motivación política”.
La investigación de la plataforma de ciberseguridad ‘CitizenLab’ determinó que Aragonès fue uno de los líderes independentistas afectados por el espionaje cuando era vicepresidente del Govern en la anterior legislatura, aunque Plaja ha advertido de que no se puede garantizar que también haya sido espiado desde que es presidente.
Asimismo, en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se celebró en mayo a puerta cerrada, la entonces todavía directora del CNI Paz Esteban reveló que el presidente catalán era uno de los 18 dirigentes independentistas a los que la agencia de inteligencia había espiado con autorización del Tribunal Supremo.
La portavoz del Govern ha argumentado que la querella, que han elaborado los servicios jurídicos de la Generalitat en coordinación con el abogado Andreu Van den Eynde, se dirige a la empresa propietaria de Pegasus porque consideran que debería tener herramientas para comprobar la legalidad de sus herramientas tecnológicas: “O no funcionan o no son suficientemente efectivas”, porque, a su juicio, pueden conllevar situaciones de espionaje masivo.
También ha defendido que es una “obviedad” que el espionaje está vinculado al CNI y que hay que reclamar explicaciones a la agencia de inteligencia.
