Según ha adelantado The Objective y ha confirmado Europa Press, las diligencias de investigación se dirigen contra Catalá, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor.
El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de Valencia en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.
Tal y como recoge The Objective, en primavera de 2024, cuando el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se lanzaron diferentes procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el Puerto que habrían servido para “recolocar” a determinadas personas.
La denuncia de Compromís incorporaba también un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contra los procesos selectivos del Puerto de Valencia.
