Después de analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía ha recogido “preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia”. Asimismo, respecto al “impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas”.
Según concluye esta organización, “las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ante esto, lamenta que “no se está garantizando la verdad para las víctimas”. En su opinión, “se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro”.
“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores”, remarca en una nota Amnistía.
Casi el 90% han sido archivadas
Para la ONG, “aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales”.
Amnistía Internacional asegura que “la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”.
“Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en las residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido”, sostiene Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía. “Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, añade.
“Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia”, destaca, por su parte, Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.
Ante el archivo de casi todas las investigaciones realizado por el Ministerio Fiscal, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales. Asimismo, la organización reprocha al Consejo General del Poder Judicial que tampoco haya hecho seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales.
“Falta investigar adecuadamente los protocolos”
Por otro lado, la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales “no se ha investigado adecuadamente”, denuncia la ONG, que señala que “el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos”. Una postura que “contrasta con los hallazgos” de Amnistía, que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola “provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud”.
Para esta organización “estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico”. En su lugar, censura, “se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital”.
Además, afea al Ministerio Fiscal que tampoco haya tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de mayores de residencias durante la primera ola.
Comisión de verdad
Amnistía, ante el carpetazo a las “pocas” comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos, exige al Congreso que actúe. Para ello, reclama la creación de una “comisión de verdad” en la Cámara “que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar”, afirma Beltrán.
