El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha cuantificado los costes para las arcas municipales de la M30 en 10.400 millones. El también portavoz de Ahora Madrid en la comisión que investiga la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas municipales suma así 1.000 millones al último cálculo que se manejaba sobre la inversión que acaparó la obra estrella de la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón.
Hace un mes, la misma comisión manejaba un total de 9.400 millones de euros, tras escuchar al consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, en este foro local sobre la deuda de alcaldías pasadas para detectar posibles “irregularidades”.
De la nueva cifra, 9.400 millones incluyen financiación, mantenimiento y conservación y mil millones más de Urbanismo ligados a infraestructurales adicionales. Mato acusa al PP de Gallardón de presentarse «dopados» y «no sólo con la financiación ilegal, sino con el dopaje de la mentira», según declaraciones recogidas este viernes por Europa Press.
El edil ha acusado al PP de meterse en este «obrón para conseguir apoyo popular en las elecciones, algo que se hizo a costa de saltarse la ley aunque comprometiera el futuro económico de la ciudad».
El delegado ha parafraseado al PP, que defendía que los ciudadanos les votan porque han aceptado el abultado coste de los túneles. El problema estriba, según Ahora Madrid, en que «la gente no lo sabía» y que ahora empezará a conocer cifras por el dictamen de la comisión.
El dictamen aprobado por todos los grupos salvo el PP recomienda revertir la gestión de la sociedad Calle 30 (que ahora es mixta) para que vuelva a ser 100% municipal, pide hacer una auditoría de las certificaciones de obra y otra auditoría ambiental y también indica que el coste de la luz recaiga en el socio privado de la actual sociedad mixta.
«Ustedes han conseguido resultados electorales dopados, no sólo con la financiación ilegal, sino con el dopaje de la mentira», ha recriminado a los concejales populares.
También se ha atrevido a cuestionar la posibilidad de que en el futuro se conozca si alguna de las irregularidades señaladas en el dictamen «tiene que ver con alguna financiación irregular de alguna formación política», señalando a los populares, a los que ha acusado de generar un «daño enorme a la ciudad» pero que aún «no han pedido disculpas por ello».
También ha pedido a estos ediles del PP que defiendan en el consejo de administración de Calle 30 «el interés general y no los del socio privado».
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