El empresario Víctor de Aldama a su llegada a declarar ante el Tribunal Supremo, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press
Según su versión, el inmueble se habría adquirido con fondos procedentes de comisiones ilegales, una acusación que amplía el foco judicial sobre la etapa del exministro socialista.
La declaración de Aldama llega cuando la investigación del caso Koldo ya se ha ramificado en varias piezas separadas, con el Tribunal Supremo analizando posibles adjudicaciones irregulares durante la gestión del Ministerio de Transportes. Su testimonio introduce un elemento inédito: la compra de un local a título personal que, según asegura, fue abonado parcialmente en “dinero negro”.
La Unidad Central Operativa (UCO) habría intervenido documentos que recogen un precio inicial de 110.000 euros, aunque solo consta un cheque bancario de 50.000 euros. El resto del pago, según la versión del empresario, se habría efectuado en metálico y posteriormente se habría modificado el contrato para escriturar finalmente por 90.000 euros.
“Esa diferencia de 20.000 euros se pagó con dinero negro”, sostuvo De Aldama ante el juez instructor
| Concepto | Importe declarado | Comentario |
|---|---|---|
| Precio inicial del contrato | 110.000 euros | Documento incautado por la UCO |
| Pago con cheque bancario | 50.000 euros | Único justificante bancario |
| Precio escriturado final | 90.000 euros | Contrato definitivo según Aldama |
| Diferencia atribuida a efectivo | 20.000 euros | Presunto pago “en negro” |
Aldama, que se autodefine como intermediario en adjudicaciones públicas durante la pandemia, asegura que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones. De acuerdo con su testimonio, ese dinero se repartía entre el propio exministro, su asesor Koldo García y miembros del partido.
Estas afirmaciones se suman a otras pesquisas que apuntan a más de 60 millones en contratos públicos bajo sospecha y a 16,5 millones en comisiones, alquileres y bienes de lujo vinculados a la red. El juez del Supremo ha abierto piezas separadas para indagar en adjudicaciones gestionadas durante la etapa de Ábalos en Transportes.
El relato de De Aldama ha llevado al magistrado a ampliar el cerco judicial, convencido de que no se trata de un caso aislado sino de un entramado de financiación paralela
| Año | Hecho relevante | Descripción |
|---|---|---|
| 2020 | Inicio de los contratos de emergencia | Se adjudican suministros de mascarillas y material sanitario durante la pandemia |
| 2021 | Aparición de intermediarios | La UCO detecta movimientos entre empresas proveedoras y comisionistas |
| 2023 | Primeras declaraciones de De Aldama | El empresario admite haber cobrado comisiones y menciona contactos políticos |
| 2024 | Registros y detenciones | La Guardia Civil detiene a Koldo García y registra domicilios vinculados al entorno de Ábalos |
| 2025 | Investigación del Supremo | El alto tribunal abre pieza separada sobre adjudicaciones de Transportes y cita a De Aldama y a Ábalos |
| Octubre 2025 | Declaraciones de Aldama ante el Supremo | Apunta a un pago “en negro” de 20.000 euros y a reparto de comisiones entre cargos del PSOE |
De confirmarse las acusaciones, las consecuencias serían profundas. En el plano penal, los hechos podrían derivar en delitos de cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal de partidos. En el ámbito político, el caso tensiona al PSOE y reaviva el debate sobre la transparencia y el control de las adjudicaciones públicas.
Ábalos, por su parte, niega haber recibido dinero ni haber cometido irregularidades, y sostiene que el empresario intenta involucrarlo falsamente para reducir su responsabilidad. Aun así, las declaraciones ante el Supremo y las diligencias de la UCO mantienen al exministro en el centro del foco judicial.
La investigación apunta a una presunta red de cobros por adjudicaciones públicas y pagos en efectivo que salpica a cargos del antiguo equipo ministerial
El caso Koldo, que comenzó como un escándalo sobre contratos de mascarillas, se ha transformado en un símbolo de las sombras de la gestión pública durante la pandemia. Las revelaciones sobre el pago del local en Valencia refuerzan la impresión de que la causa podría ir mucho más allá de la mera intermediación comercial, poniendo en cuestión la ética de quienes ocuparon responsabilidades de primer nivel en el Gobierno.
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