Capio, Sanitas y Ribera Salud dudan ahora si acudir al proceso privatizador en Madrid tras el varapalo del Constitucional

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Capio, Sanitas y Ribera Salud dudan ahora si acudir al proceso privatizador en Madrid tras el varapalo del Constitucional

Las empresas que optan a repartirse el ‘pastel’ sanitario de Madrid dudan ahora si acudir o no al concurso puesto en marcha por Ignacio González para externalizar la gestión de seis hospitales. El Constitucional ha dado un varapalo a las expectativas de unos y otros al admitir a trámite un recurso del PSOE, que podría concluir en la suspensión de la medida. Esto ha hecho que Capio, Sanitas y Ribera Salud se piensen dos veces si acudir al proceso privatizador.

Según han indicado a EL BOLETÍN fuentes del sector conocedoras de la situación, Capio (ahora IDC Salud) va a pensarse muy bien qué hacer, si acude o no al concurso, tras la decisión del Alto Tribunal porque ahora no se sabe qué va a pasar. La admisión a trámite del recurso presentado en marzo por más de 50 senadores del PSOE, con Tomás Gómez a la cabeza, ha llenado de dudas a la empresa a pesar de que hace dos semanas volvió a abrir la puerta a presentarse al concurso para gestionar los hospitales privatizados por Ignacio González.

Unas dudas que, según esas mismas fuentes, también habrían podido surgir en los otros gigantes sanitarios que suenan como favoritos junto a Capio para hacerse con los hospitales que se van a externalizar, como Sanitas o Ribera Salud. No obstante, estas empresas pueden no haberlo dado todo por perdido, ya que el Constitucional ya ha comunicado su decisión al Congreso y al Senado, al Gobierno central y autonómico y a la Asamblea de Madrid, que disponen ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Con su decisión, el Alto Tribunal ha respaldado la lucha de Tomás Gómez contra las privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de marzo el líder del PSM, acompañado de senadores como Maru Menéndez y Enrique Cascallana, el secretario general del Grupo Socialista del Senado, José Miguel Camacho, y el portavoz del PSOE de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, presentó ante el Constitucional el texto que se basaba en el informe jurídico elaborado por el bufete López Rodó & Cruz Ferrer para la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Según indicó el PSOE en un comunicado, el documento de los abogados sirvió “como soporte para la interposición de este Recurso de Inconstitucionalidad”, ya que ponía el acento en “la vulneración de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social), 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas)”.

El Constitucional debe decidir ahora si suspende o no el plan privatizador de la Sanidad contenido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013, que permite al Servicio Madrileño de Salud “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales inaugurados en 2008 (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo) y el 10% de los ambulatorios de la región.

No obstante, con su admisión a trámite del recurso socialista ya ha puesto en evidencia a la Defensora del Pueblo, ya que Soledad Becerril desestimó hace un mes la petición de la AFEM, que le instaban a llevar el asunto ante el Alto Tribunal, al considerar que las externalizaciones no iban en contra de la Constitución.

El departamento de Becerril no encontró motivos para actuar ya que, según indicó, los artículos 62 y 63 de la normativa que contempla las privatizaciones sanitarias no presentan indicios de inconstitucionalidad. Incluso, aseguraba que faltaban elementos para valorar el modelo sanitario de Ignacio González, al desconocer “el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control que establecerá la Comunidad de Madrid”.

A pesar de esto, la Defensora del Pueblo aseguró que seguiría “con especial interés tanto el proceso de implantación de este nuevo modelo como las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial”.

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