Más líos en la SGAE

Detrás de la cortina

Más líos en la SGAE

Rafael Alba, periodista

La salida forzada de la SGAE de Teddy Bautista no ha frenado ni los escándalos ni la inestabilidad en la sociedad de gestión. Algunos socios veteranos de la SGAE aún no tienen muy claro qué fue lo que pasó en realidad cuando el 1 de julio de 2011, en una espectacular operación, el gerente y jefe máximo de la sociedad de gestión Teddy Bautista fue detenido por la policía por orden del juez Pablo Ruz. Sobre todo, porque más de dos años, y dos presidentes, después de aquello, la instrucción del caso aún no ha terminado y a estas alturas, como se indica en informaciones periodísticas recientes, nadie tiene muy claros los posibles delitos que el antiguo teclista de los Canarios pudo haber cometido.

Ni tan siquiera se ha abierto, como parecía que iba a suceder en un principio, una pieza separada por presunto fraude electoral. Y, en vista de que como resultado de aquel asalto, cuya justificación aún no se conoce, hubo que repetir los comicios, hay quién plantea dudas sobre la legitimidad real del proceso que llevó a la presidencia a Antón Reixa y fue la antesala del ascenso al poder de José Luis Acosta, el actual responsable.

Además, en este tiempo, la sombra de la corrupción ha seguido planeando sobre la SGAE. De nuevo sin pruebas concluyentes de que, en realidad, haya habido nada raro. Pero también sin que los casos que han saltado a la palestra hayan sido aclarados de forma contundente por los distintos dirigentes aparentemente afectados.

Primero fueron algunos nombramientos y contrataciones realizadas por Reixa que, sin embargo, no perdió el cargo por eso. Lo hizo por emprender una guerra contra algunos autores, los ‘televisivos’, que sabían sacar todo el jugo a unas normas de reparto entonces legales y, en lugar de optar, como se ha hecho otras veces, por cambiarlas en el marco de la propia Junta Directiva, para evitar los supuestos abusos, buscó la reprobación pública de los responsables. Y, ahora, por la supuesta fijación de una extraña indemnización en diferido para un alto cargo que ya estaba con Teddy y logró mantenerse.

Mientras, a los autores lo que de verdad les preocupa es la espectacular caída de la recaudación y la pérdida total de peso de la casa como interlocutor con capacidad real de defender a sus socios. Alguno hasta tiene la sensación de que los titulares de los derechos han perdido la capacidad que ostentaban de fijar los precios.

Ahora lo hacen otros, los que tienen que pagar y tampoco está claro que eso beneficie a los consumidores. Que abonan mucho más dinero del que creen por el supuesto disfrute gratuitos de contenidos que debieran estar protegidos por los derechos de autor.

Ahora vuelven a escucharse ruidos de sables en el Palacio de Longoria. Hay una asamblea en junio y quizá Acosta no superé la fecha, como no la superó Reixa. Y en medio del caos, es difícil no tener la sensación de que se le ha hurtado a los socios de la SGAE, la posibilidad de haber evaluado de verdad la gestión de Bautista. Puesto que si no se demuestra que hubo delitos sólo ellos tenían el derecho de hacerlo.

Y, sin querer alimentar extrañas teorías de la conspiración en ningún caso, es difícil no acordarse de la intensa campaña pública que se realizó contra Teddy desde algunos ámbitos durante los meses previos a su detención. El teclista era casi el enemigo público número uno del país.

Tanto que a nadie le resultó raro que la policía registrara la sede de la SGAE y se lo llevara detenido. Ahora, como hemos dicho antes, estaría bien que el juez Ruz, con tanto trabajo acumulado en tantas causas ‘mediáticas’ trabajara un poco en este caso para que todos supiéramos de verdad si hubo o no delitos.

No vaya a ser que cómo también dice esos socios veteranos de los que hablaba al principio fueran los deudores de la SGAE, los que se ‘cargaran’ al músico canario para establecer un marco más favorable a sus intereses en el negocio de la propiedad intelectual.

Y, lo malo, es que por el camino, pretendan acabar para siempre con la protección del derecho de los autores a obtener el beneficio económico que merecen por sus creaciones.

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