El proyecto político que defiende el señor Gallardón exige de una justicia débil y con menores niveles de independencia. Este es el objetivo buscado con la reforma efectuada del CGPJ. La finalidad de nuestra asociación Jueces para la Democracia es contribuir a la obtención de una justicia más democrática, eficaz y al servicio de los ciudadanos. Cuando hablamos de una justicia más democrática nos estamos refiriendo a aquella que se sustenta en los grandes valores constitucionales de libertad, igualdad, pluralismo y participación ciudadana que son la base de nuestro estado social y democrático de derecho.
En este marco la Constitución Española atribuye a los jueces la tutela de los derechos de los ciudadanos y esta es la principal función del poder judicial: garantizar que los ciudadanos de nuestro país puedan disfrutar plenamente de los derechos políticos y sociales que les atribuyen la Constitución y las leyes. Para ello la Constitución busca garantizar la independencia de los jueces de forma que en su función de decidir el derecho de un ciudadano frente a otro, o frente a su empresa, o frente a un banco, o frente al Estado que pretende sancionarle o cobrarle un impuesto, el juez actúe solo sometido a la ley sin presión o influencia alguna.
Es desde estos principios desde los que los asociados a Jueces para la Democracia rechazamos la actual política de Justicia del ministro Ruiz-Gallardón y lo hacemos porque consideramos que se trata de una política dirigida a la tutela desigual de los derechos de los ciudadanos, a limitar el ejercicio de estos derechos y a constreñir la independencia de los jueces.
El carácter elitista de la política del señor Gallardón lo evidencia el exhorbitado incremento de las tasas judiciales. Su indisimulado objetivo es disminuir el número de litigios o lo que es lo mismo, el número de ciudadanos que acceden a la justicia. El criterio para lograr dicha disminución es estrictamente económico: encarecer el acceso a los tribunales para disuadir del ejercicio de sus derechos a aquellos a los que su situación económica no se lo permita.
Obviamente, el importe de las tasas judiciales no tiene el mismo significado para quienes disponen de elevadas rentas que para quienes carecen de ellas, y lo que se busca y se está consiguiendo es disuadir a estos últimos de la posibilidad de reclamar ante los tribunales cuando consideren vulnerados sus derechos. No es casual que esta política se produzca en un momento de crisis económica que ha arrojado a millones de ciudadanos al desempleo y ha limitado los derechos de otros muchos, como el derecho de acceso a la vivienda o a conseguir una reparación por las pérdidas sufridas en su patrimonio a consecuencia de ilegítimas prácticas bancarias.
Dificultar sus posibilidades de acceso a los tribunales contribuye a disminuir sus posibilidades de tutela en estos momentos difíciles y a afianzar las políticas gubernamentales, poco preocupadas por quienes más sufren las consecuencias de la crisis.
Los ingresos que han supuesto las tasas judiciales no se han dedicado a fortalecer a la Administración de Justicia. Por el contrario, se han congelado las plantillas y no se han reforzado los órganos judiciales más cercanos a quienes sufren la crisis: que el despido de un trabajador tarde en resolverse más de un año en los juzgados de lo social debería hacer que se le cayese la cara de vergüenza al ministro de Justicia.
Que la política ministerial busca reducir y limitar el ejercicio de los ciudadanos de sus derechos lo demuestra el nuevo proyecto de modificación del Código Penal. Jueces para la Democracia no comparte la filosofía general del proyecto, pero nos parece especialmente injusta la introducción de nuevos delitos que tienen que ver con los derechos de reunión y manifestación. Como consecuencia de la crisis millones de ciudadanos han salido a la calle en defensa de sus derechos integrando ”mareas” de todos los colores. En general han sido espectaculares demostraciones de civismo con el denominador común de oponerse a que la crisis fuese soportada exclusivamente por los más débiles o afectase a los servicios sociales más esenciales como la educación o la salud.
Que el Gobierno, en vez de felicitarse por el alto civismo demostrado y defender a los ciudadanos que ejercen pacíficamente sus derechos, apueste por modificar el Código Penal, sancionando conductas relacionadas con los derechos de reunión y manifestación es un intento de transmitir la idea que estos derechos se están ejerciendo abusivamente y de intimidar a quienes participan en las convocatorias o “mareas”.
El proyecto político que defiende el señor Gallardón exige de una justicia débil y con menores niveles de independencia. Este es el objetivo buscado con la reforma efectuada del Consejo General del Poder Judicial. Al limitar sus competencias y modificar el sistema de elección y el estatus de sus integrantes lo que se busca es afianzar el peso gubernamental en la organización y gestión de la justicia y conseguir una mayor intervención del ejecutivo en los espacios reservados al Poder Judicial, lo que redundará en una menor independencia de jueces y tribunales. Nada hay en dicha reforma tendente a buscar una mayor eficacia de la justicia o una mayor independencia del Poder Judicial; nada la justifica sino el deseo del ejecutivo de inmiscuirse en el gobierno de los jueces.
Una última observación: las reformas del ministro Ruiz-Gallardón se están llevando a cabo desde la prepotencia de la mayoría absoluta del partido gobernante. No han contado con el consenso político indispensable para asegurar su permanencia cuando las mayorías políticas cambien. Han generado un importante disenso social. Por eso, seguramente, se extinguirán cuando desaparezca la mayoría absoluta en las que se apoyan. Pero una vez más se habrá perdido la oportunidad de dotar a la justicia de los instrumentos precisos para tutelar los derechos de los ciudadanos con independencia y eficacia.
