En algunos círculos políticos y financieros se mira cada vez con más preocupación el estancamiento del proceso de fusión de Unicaja con Caja España-Duero. Se da la circunstancia de que los nuevos requisitos de saneamiento del ladrillo impulsados por el Gobierno, que tenían el objetivo de obligar a las entidades a fusionarse, podrían tener el efecto contrario en este caso, a pesar de que el acuerdo de integración se firmó incluso antes de las Elecciones Generales.
La explicación es sencilla: Unicaja tiene que sanear apenas 625 millones de euros que asumirá sin demasiadas complicaciones, pero Caja España-Duero necesita 1.140 millones y tiene muy difícil poder conseguirlos. Por ello, su socia andaluza es cada vez más reticente a la fusión, a menos que la castellana se sanee antes por si misma.
Si Caja España-Duero se quedase sola, quedaría al borde de la intervención, en un momento en que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) está casi seco y la opinión pública vería con muy malos ojos el uso de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para un rescate tras los recortes sociales y las subidas de impuestos.
