El equipo de Carmena se plantea rebajar el límite de las adjudicaciones menores para desterrar la idea de que el Ayuntamiento contrata ‘a dedo’. En Ahora Madrid no gusta ver portadas acusadoras sobre contratos ‘a dedo’ y ya hay voces que sugieren que ‘a grandes males, grandes remedios’: modificar el límite de lo que se considera contrato menor. Varias informaciones han insinuado que algunas adjudicaiones relevantes en la capital se han otorgado por un precio sospechosamente cercano a los 18.000 euros. Por encima de esa cantidad, la ley exige un concurso para elegir la empresa que se contratará con dinero público (50.000 euros en el caso de las obras).
Hace apenas dos semanas, Carlos Sánchez Mato lamentaba que se miraran “con lupa” los contratos menores del consistorio mientras “se destapan escándalos millonarios y la lista de grandes tramas corruptas”. El concejal de Economía trataba de explicar que es un tipo de contrato usado por cuestión de “eficacia”, aunque admite que supone “una excepción a los principios de publicidad y concurrencia” y que por tanto “su utilización debe hacerse con el debido rigor y control que eviten un uso indebido del mismo”. Recordaba que existe “la exigencia de tres presupuestos como mínimo en la tramitación de los contratos menores”.
Días más tarde, el equipo liderado por Manuela Carmena anunció una enmienda para aportar más transparencia a la contratación ‘menor’: publicará los datos de contratos menores en una plataforma web y modificará el registro de contratos para que se incluyan en él también este tipo de adjudicaciones.
Pero en la memoria de los lectores de la prensa madrileña quedan las sospechas sobre el contrato para dos estudios para la reforma del Edificio España: El Consistorio pagó 17.991 euros y 17.847euros, respectivamente, según publicaba El País. Ciudadanos acusaba a Ahora Madrid de que “los contratos fueron dados directamente a quienes quisieron”. También figura la adjudicación del proyecto del Plan de Memoria Histórica a la Cátedra de la Complutense, que acabó dinamitado por la polémica: también rozaba los 18.000 euros pero sin alcanzarlos.
Entre los concejales de Carmena cunde un reproche: son las empresas las que marcan el precio de los contratos, no el consistorio. “Muchas de ellas lo sitúan por debajo de los 18.000 para entrar a trabajar” y conocedores del límite para celebrar un concurso, apuntan voces del Gobierno municipal. “Pues habrá que cambiar el límite”, proponen algunos responsables, dispuestos a que la nueva cifra ronde los 16.000 euros para que nadie pueda volver a acusarles de usar ‘el dedo’.
