A finales del año pasado, la banca se anotó una victoria judicial al dictaminar el Supremo que la vinculación de una hipoteca al IRPH, el polémico índice de las antiguas cajas que ha impedido a los afectados beneficiarse de la caída de los tipos, no implicaba falta de transparencia ni era un abuso. No obstante, la batalla se ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y cada vez más juzgados españoles han decidido suspender los juicios hasta que se pronuncie Luxemburgo.
El 17 de febrero pasado el TJUE admitió a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH. Ya antes de elevar ante el Supremo la prejudicialidad, algunos juzgados habían mostrado su desacuerdo con la sentencia fallando a favor de los afectados, pero desde entonces, las salas han empezado a suspender estos juicios, según señala Asufin, asociación en defensa de afectados por productos financieros.
La petición de muchos de los afectados recomendando la suspensión de todos los procedimientos hasta la resolución, parece que empieza a ser tenida en cuenta por los jueces, destaca esta asociación. Esta cuestión prejudicial sobre la cláusula abusiva fue elevada por el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona después de que el Supremo avalara este índice. El Alto Tribunal no consideró que hubiera falta de transparencia, pero en el fallo hubo dos magistrados que discreparon con un voto particular. Estas discrepancias han permitido que pudiera solicitarse al TJUE que se pronuncie sobre este asunto.
En concreto, en los juzgados de Gavá y La Bisbal (JPI 3 y JPI 1) los demandantes solicitaron la suspensión por prejudicialidad civil en aras de evitar fallos contradictorios y que los afectados sufrieran daños irreparables e irreversibles si la sentencia europea es favorable después de un fallo negativo en su caso. Los jueces decretan la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, dado que existe otro procedimiento previo en el que hay una pretensión íntimamente conexa. El auto añade que “existiendo la posibilidad de que se dicten resoluciones incompatibles en ambos procedimientos, y no siendo posible la acumulación”, se acuerda la suspensión. Ésta se alzará una vez se acredite la resolución del TJUE en relación a la nulidad del IRPH.
Asimismo, en San Fernando de Henares, el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 ha dejado en suspenso la vista y se vincula a la decisión final del alto tribunal.
Asufin ha celebrado estas decisiones judiciales y ha animado “a todos los juzgados y audiencias a que se sumen a las suspensiones en materia de IRPH”.
Según los cálculos de asociaciones de consumidores como la OCU, en España más de 500.000 personas cuentan con una hipoteca de estas características, que pagan alrededor de 1.200 euros anuales más por una hipoteca media.
