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La Fiscalía pidió la imputación de Gallardón en el ‘caso Lezo’ y Moix lo frenó

Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia
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Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia

Los fiscales apuntan que, gracias a conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, entre otros, se desvela que Gallardón controló una operación sospechosa en el Canal de Isabel II.

La ‘operación Lezo’ apunta -o al menos apuntó- a Alberto Ruiz-Gallardón. No se trata de investigaciones periodísticas, sino de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. Este organismo pidió el pasado mes de noviembre la imputación del expresidente de la Comunidad de Madrid por la compra en 2001 de la filial del Canal de Isabel II Inassa. El motivo que marcaron los fiscales fue el supuesto desfalco de 70 millones de euros en la operación, la cual fue “controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por ‘su gente’”.

Así consta en una petición de los fiscales Carmen María García Cerdá y Carlos Yáñez, fechada el 28 de noviembre de 2016, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que reclaman otorgar la condición de investigados a “todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos”. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción señaló que al frente de la cuestionada operación no solo estaba Gallardón, sino que Ignacio González y Edmundo Rodríguez –ambos actualmente en prisión- estaban al tanto de lo sucedido.

“Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos”, afirmaron los fiscales en noviembre. Y es que la compra de Inassa suscita numerosas dudas al ver que los 73 millones de dólares que se pagaron fue un precio “muy superior al valor de la sociedad”.

Concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de ‘arriba hacia abajo’, es decir que presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad

De esta manera, los fiscales del caso pidieron también la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia SA e Inassa, que estuvieron presentes en el movimiento. Además, la Fiscalía Anticorrupción señaló igualmente a los “funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno”, así como a los “miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009” por el que se autorizó la compra.

Finalmente, según recoge EFE, la petición de los ficales no acabó en la imputación ya que, en un primer momento, el juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que esta investigación debía llevarse aparte al 'caso Lezo'. Según el magistrado, no guardaba relación con la trama montada por González. Pese a la decisión, Anticorrupción recurrió esta orden y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fsicales en enero de 2017, por lo que la compra de Inassa se tendría que incluir dentro de Lezo.

Momento en el que el señalado fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, frenó cualquier intención. Según destaca la agencia de noticias, el principal motivo que llevó a Moix a decretar esta orden fue que, ante el estallido de la 'operación Lezo' y las correspondientes detenciones, esta compra que involucra a Gallardón debía llevarse en un asunto aparte. Incluso, el ya ex fiscal jefe de Anticorrupción se negó a que se realizara un registro en Inassa

Las conversaciones de Ignacio González que señalan a Gallardón

Una de las principales líneas de investigación que han marcado los fiscales se ha basado en las conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González. Es más, según la agencia de noticias, en una de ellas el primero de estos dos imputados llegó a hablar del “robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares”. Momento en el que la Fiscalía Anticorrupción lo asocia con esta operación: “Encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia”.

Sin embargo, en otra de las conversaciones pinchadas, los investigadores han considerado que el propio González “acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad” y que él mismo tenía un “alto grado de conocimientode la operación” y “lo fraudulenta” que fue. Pese a ello, los nombres no se detienen ahí.

El diálogo entre el sucesor de Esperanza Aguirre fue con otro ilustre del Partido Popular: con Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot. En esta determinante conversación, González aseguró que Gallardón y “su gente” compraron una sociedad “que no valía ni 30 millones de dólares por 100”. “Alberto hizo una operación de que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”, relató el también expresidente de la Comunidad de Madrid.

A raíz de estas conversaciones, la Fiscalía Anticorrupción sospechó que Gallardón “tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y operación con Ignacio González”. Por todo ello, este pinchazo telefónico es más que esclarecedor: “Señala claramente la presunta connivencia de todos los intervinientes”. Y que “concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de ‘arriba hacia abajo’”, es decir que “presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa”.

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