El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’. El tribunal que juzga la primera época de esta trama de corrupción (1999-2005) ha acordado citar al líder del PP por mayoría de dos a uno para que certifique si hubo una ‘caja b’ en el partido en los años en los que él fue secretario general, así como director en varias campañas electorales.
Los magistrados han tomado esta decisión a pesar de la negativa de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que han defendido esta mañana que veían “inútil y redundante” citar como testigo al presidente del Gobierno, ya que los hechos sobre la ‘caja b’ en el PP ya han sido acreditados por otras pruebas o documentos.
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, se ha quedado en minoría al ser el único de los tres magistrados que se ha opuesto a la reclamación (la tercera) de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que ejerce de acusación popular. Esta división ha provocado que la decisión se haya aprobado por mayoría, pero no por unanimidad.
El jefe del Ejecutivo tendrá que declarar de manera “presencial” ante el tribunal y responder a las preguntas de las partes y no podrá hacerlo por escrito. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que pueda prestar declaración desde su despacho, pero también que pueda acudir a la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. La ley también obliga a Rajoy a decir la verdad.
La Sección Segunda de la Audiencia, encargada del juicio por la primera época del Gürtel, rechazó en febrero de 2016 la comparecencia de Mariano Rajoy por considerar que no habría motivos suficientes. Aunque sí que dejó caer que se oponía “sin perjuicio de que en otro momento se pudiera acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario”. Algo que llevó a Adade a pedir de nuevo que el líder del PP fuera citado.
La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en las filas populares. La sorpresa ha sido máxima teniendo en cuenta la mencionada posición de la Fiscalía.
