El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 deja una serie de pinceladas de lo que Cristóbal Montoro ha diseñado para la partida educativa. Pese a que en números globales, la Educación recibirá 42 millones de euros más que el año anterior, lo que representa un 1,7%, las becas sólo crecen un 0,3%, es decir, apenas cuatro millones de euros.
Aunque lo destinado a estas ayudas no se ha disparado más allá de esos cuatro millones de euros, el Gobierno ha decidido aportar otra lectura. “Se consolida el esfuerzo realizado en los últimos años, que ha supuesto que la dotación presupuestaria para el sistema de becas y ayudas de carácter general se haya incrementado en 252 millones de euros desde el ejercicio 2011, alcanzándose en 2017 la dotación más alta de la serie histórica”.
Aun así, el crecimiento interanual también ha reflejado que el aumento presupuestario para las becas no ha tenido tanta importancia como los PGE de 2016. Si este año la partida ha crecido un 0,3%; en las últimas cuentas este porcentaje hablaba de más del 9%. De la misma manera, otro de los mensajes que ha querido transmitir el Ejecutivo tiene como destinatario a los receptores de estas ayudas.
“Se exige una corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir con la obligación de estudiar y obtener resultados proporcionales”, ha aseverado el Gobierno de Rajoy en el documento que ha facilitado desgranando las cuentas de este año. De la misma manera, el Ejecutivo ha recordado que el objetivo del programa de becas es “garantizar que quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar más allá de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconómicas”.
Un presupuesto que ha redactado Montoro y donde se aprecia que el gasto destinado a la política de Educación en el año 2017 ascenderá hasta los 2.525 millones de euros, lo que se traduce, como han confesado los propios autores, en “un ligero incremento con respecto al año anterior, un 1,7% más que en 2016”. Con dichas cuentas, el Gobierno ha apuntado que se “refleja el compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a la autonomía universitaria”.
