El Gobierno admite la retirada de 748.835 tarjetas sanitarias

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El Gobierno admite la retirada de 748.835 tarjetas sanitarias

Tarjetas sanitarias

Según el Ejecutivo, la puesta en marcha de esta medida se debe a que no está «reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social su condición de asegurado o beneficiario». El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado de baja ya 748.835 tarjetas sanitarias del Sistema Nacional de Salud desde que entrara en vigor la reforma sanitaria. Una cifra que ha hecho pública el propio Ejecutivo como respuesta a una pregunta escrita presentada en el Congreso de los Diputados.

Para el Gobierno la puesta en marcha de esta medida se debe a que no está “reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social su condición de asegurado o beneficiario”, al no encontrarse “residiendo en España en la fecha de verificación”, según ha informado el medio digital lamarea.com.

Según fuentes políticas se trata de “una barbaridad que vulnera los derechos humanos y la solidaridad dentro de un Estado”. Además de advertir que la exlcusión de parte de la población del sistema sanitario amenaza con crear “posibles brotes de infección y la propagación de enfermedades”, que afectarían tanto a indocumentados como a personas con documentación.

La portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (FAEM), Mónica García, ha recordado que no se están analizando ni estudiando las consecuencias que esta baja puede suponer: “No mide ni el impacto económico ni el social. No sabemos si han acudido más a las urgencias y, al final, nos ha salido más caro. Tampoco dicen cuántos son extranjeros, ni cuantos españoles. No dan información, ni analizan: ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las personas con tuberculosis?”, se ha preguntado.

Por su parte, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha recordado que la mayoría de los afectados son inmigrantes sin papeles, pero también los españoles mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, los parados de larga duración a partir de los dos años de paro y los mayores 26 años con una renta superior a 100.000 euros que no coticen a la Seguridad Social.

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