La Plataforma en Defensa de la Libertades Democráticas pide la retirada del proyecto de la reforma del Codigo Penal que ha impulsado el ministro de Justicia. La Plataforma en Defensa de la Libertades Democráticas, integrada, entre otros, por jueces y abogados progresistas han convocado para el próximo viernes 18 de octubre un acto público en contra de la criminalización de las protestas sociales que incluye la reforma judicial de Gallardón.
En el evento, participarán representantes del Foro de Abogados de Izquierdas, La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia y estará respaldado por AMAL (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores), APAEM (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid), Izquierda Unida, Izquierda Abierta y el Partido Comunista.
Los impulsores del acto consideran muy grave la criminalización de las movilizaciones que impulsa el ministro de Justicia. En su opinión, la propuesta de Gallardón podría otorgar una mayor protección a determinadas actuaciones de represión policial en las manifestaciones, al equiparar las protestas pacíficas con las que no lo son.
Así, consideran que el texto “sitúa a la sociedad en una posición de indefensión ante una legislación”, ya que, a su juicio, el principal objetivo de la reforma es “reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público y de austeridad impuestas por el actual gobierno
En concreto, se refieren al artículo sobre la ocupación o invasión del domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local. Una medida que afectaría, por ejemplo, a los afectados por las preferentes que se manifiestan en sucursales bancarias.
Convertir en delito de desorden público la “perturbación relevante de su actividad normal”, como estable este artículo, es descabellado.
La Plataforma en Defensa de la Libertades Democráticas exige además la retirada inmediata del proyecto de la reforma del Código Penal del titular de Justicia, pues denuncian que se han ido incluyendo añadidos que no han pasado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni por el Consejo fiscal, como es perceptivo.
“Que el Gobierno ningunee a los citados órganos bajo la premisa de que estos serán contrarios a determinadas partes del redactado del anteproyecto de Reforma del Código Penal es una muestra de comportamiento arbitrario por su parte y de parcialidad procedimental evidentes”, denuncia la organización en su manifiesto.
