Javier Fernández-Lasquetty ha cambiado de parecer. Si hace una semana defendía las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y cargaba contra otros juzgados a los que acusaba de no ser competentes para decidir sobre la privatización de hospitales, hoy ha dado un giro de 180º y ha cargado contra el alto tribunal madrileño. Según el consejero de Sanidad, el auto que paraliza el proceso de externalización no tiene “sustento jurídico”.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que se ha mostrado más nervioso y dubitativo de lo habitual. Sus tartamudeos y la repetición del mismo ‘mantra’ una y otra vez han puesto de manifiesto que la decisión del TSJM, que ayer paralizó las privatizaciones tras un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), le ha pillado por sorpresa.
Hace una semana, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital decretó la paralización del proceso, también ante un recurso de AFEM, Lasquetty cargó contra el titular de este tribunal y aseguró que no era competente para decidir sobre este asunto. Tras acusar al magistrado de emitir “opiniones de tipo político o personal, pero no judiciales”, dijo que era “absolutamente incomprensible” que un juzgado volviese a tratar “lo que el TSJM, órgano superior, trató en julio”.
El consejero de Sanidad comentó también que se trataba de “dos decisiones judiciales que dicen lo contrario”, ya que el TSJM paralizó cautelarmente el proceso privatizador hace dos meses pero, quince días después, levantó la suspensión dictada para dejar que la Comunidad de Madrid siguiese adelante con el concurso.
No obstante, ante el nuevo pronunciamiento del alto tribunal madrileño, Lasquetty ha decidido pasar al ataque. Por ello, ha anunciado que el Gobierno regional recurrirá el auto emitido por el TSJM, que pide que se paralice “una convocatoria que ya ha sido ejecutada”.
Además, el responsable del departamento de Sanidad ha insistido en que “el proceso de la fianza fue legal y transparente”, a pesar de que la Comunidad de Madrid modificó los pliegos unos días antes del fin del plazo para presentar ofertas al concurso y pasó de exigir una garantía del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe correspondiente al primer año.
Lasquetty, que ha indicado que “no liba en el programa electoral, pero nadie desconocía que el PP era partidario de que los servicios sanitarios fueran gestionados por concesionarias”, ha concluido asegurando que “centenares de miles de madrileños son partidarios y respaldan esta medida”.
