Manuel Lamela y Juan José Güemes, predecesores de Javier Fernández-Lasquetty en la Consejería de Sanidad madrileña, están en el punto de mira de la Justicia. Sus concesiones a Capio (ahora IDC Salud) y Ribera Salud han sido denunciadas por la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), que aprecia irregularidades en la gestión de los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Un juzgado madrileño ha abierto diligencias previas para investigar este caso.
Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que considera que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Pese a ello, el auto emitido por este tribunal señala que “no está determinada la naturaleza y circunstancias de los hechos, ni de las personas que podrían haber intervenido”, y por eso se ha ordenado la investigación.
El bufete López Rodó & Cruz Ferrer, que representa a la AFEM, presentó una querella contra los hospitales ya privatizados en Madrid hace unos días. En ella se ponía de manifiesto la sospecha de que la gestión privada del hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón estaba plagada de irregularidades.
Una acción que los médicos han dirigido contra Capio y Ribera Salud, que hace poco vendió su parte en el Hospital de Torrejón a Sanitas, y también contra los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que fueron quienes llevaron a cabo las concesiones.
La AFEM cree que Lamela y Güemes podrían estar relacionados con varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, y así de claro lo dejan en el DVD que han adjuntado a la querella, según recoge la Cadena SER contiene todo tipo de pruebas que avalarían, a su entender, como esas privatizaciones “beneficiaron los intereses de empresas privadas, en detrimento del sistema público”.
Todo ello, además, “de forma interesada”, señala el colectivo de médicos especialistas, que recuerda que los predecesores de Lasquetty centran desde hace tiempo las denuncias de la Marea Blanca por sus relaciones actuales con las empresas privadas a las que hicieron diversas concesiones cuando formaban parte del equipo de Esperanza Aguirre.
Tras la admisión a trámite de la querella de la AFEM, el PSM ha anunciado que se sumará a esta acción judicial, en la que se personará como acusación.
